Foto; Tráfico lento en la carretera de Izcagua
Los primeros días tras la aplicación del nuevo calendario de cortes por las obras en la carretera LP-1 han puesto de manifiesto una situación crítica en el noroeste de La Palma. Colas de vehículos de kilómetros, incumplimiento de horarios de paso que la ejecutiva a impuesto y desvíos por vías secundarias mal acondicionadas han generado un colapso circulatorio que afecta de forma directa a la movilidad, la economía local y el acceso a servicios básicos.
La LP-1, cerrada al tráfico entre las 07:00 y las 16:00 horas salvo breves ventanas de paso, ha dejado aislados durante gran parte del día a vecinos de municipios como Garafía, que necesitan transitar por Tijarafe y Puntagorda. Mientras tanto, la ruta alternativa habilitada, la LP-111, presenta tramos de un solo sentido que no permiten absorber el volumen actual de tráfico, lo que ha provocado situaciones de riesgo y atascos prolongados.
Diversos vecinos que transitan habitualmente por este eje denuncian que los horarios establecidos para el paso de vehículos no se están respetando. En la práctica, esto ha derivado en retenciones de hasta una hora en ambos sentidos, especialmente en horas punta, afectando tanto a residentes como a trabajadores que necesitan cruzar de un municipio a otro.
Según los datos horarios propuestos, la vía principal solo permanece abierta al paso de vehículos durante 1 hora y 45 minutos de las 9 horas comprendidas entre las 07:00 y las 16:00. Es decir, un 80% del tiempo diario la carretera está cerrada al tránsito, lo que representa una restricción de acceso sin precedentes en una vía pública de esta importancia. Queriendo ser ejecutada esta franja horaria hasta finalización de obras, con fecha aproximada de noviembre de 2025. "La carretera no abre cuando se supone que debe abrir, y mientras tanto se forma una cola bidireccional que llega y bloquea el cruce de Las Tricias. Es una cadena de retrasos que paraliza todo, ¿así hasta noviembre?", señala una vecina residente en Garafía.
El desvío por la LP-111, planteado como alternativa durante los cortes, no resulta viable para la mayoría de usuarios. Se trata de una carretera secundaria con tramos estrechos y, en varios puntos, de un solo carril, lo que obliga a maniobras peligrosas ante cada cruce de vehículos.
"La alternativa no es segura ni rápida. Se tarda más, es más estresante y no todo el mundo está dispuesto o puede usarla. No podemos estar una semana, ni mucho menos meses, dependiendo de un acceso tan precario, sin justificación real", añade uno de los vecinos de Puntagorda.
Más allá del colapso en la circulación, los vecinos alertan del impacto que este aislamiento forzado está teniendo en el acceso a servicios esenciales. Muchos residentes, sobre todo vecinos del municipio de Garafía , necesitan acudir diarimente o regularmente a otros municipios para su actividad laboral, consultas médicas, actividades de verano, compras básicas o gestiones administrativas.
La situación resulta especialmente preocupante en el caso de personas mayores, familias con niños y quienes requieren atención sanitaria especializada. Las actuales restricciones impiden acudir a citas en horario de mañana y no se ha habilitado ningún tipo de transporte alternativo que facilite estos desplazamientos.
Los ciudadanos reclaman una revaluación urgente del plan de trabajo, exigiendo que se contemplen alternativas como la ejecución de los trabajos en horario nocturno o durante fines de semana, cuando el impacto sobre la circulación sería considerablemente menor.
Asimismo, muchos residentes señalan que la notificación oficial de estos cortes no se realizó con la antelación adecuada conforme a lo establecido por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, lo que ha impedido organizar con previsión los desplazamientos y ha generado una situación de improvisación generalizada.
Las quejas por esta situación no han tardado en organizarse.
Varias personas afectadas preparan escritos y alegaciones dirigidas tanto al Cabildo Insular como a los ayuntamientos implicados. Reclaman una revisión urgente del modelo de cortes y la búsqueda de soluciones más equilibradas que compatibilicen la ejecución de las obras con el derecho a la movilidad de la población de esta zona rural y aislada.
"Entendemos que las obras son necesarias, pero no así. Lo que no se puede aceptar es que se imponga como estructura inamovible una rutina diaria sin ofrecer alternativas reales. Esto no es planificación, es improvisación a costa de la gente que vive aquí", concluyen los vecinos.
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