Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), analiza en una entrevista exclusiva para DiarioPalmero.es los retos y desafíos que enfrenta la gestión de los derechos sociales en el Archipiélago.Desde las dificultades estructurales en La Palma tras la erupción volcánica hasta las dudas sobre la externalización de la atención a domicilio, Colao subraya la importancia de políticas más inclusivas y adaptadas a las particularidades de cada isla.
Pregunta: ¿Cuáles son las funciones de ODESOCAN?
Emma Colao: Principalmente, nos encargamos de tres grandes funciones: fiscalizar, evaluar y defender los derechos sociales en Canarias. Cuando hablamos de derechos sociales, muchas veces se confunden con los servicios sociales, pero nosotras no solo evaluamos eso, sino todas las áreas que impactan en la vida de las personas. Esto incluye vivienda, empleo, turismo, territorio, energía, hacienda y economía, además de las relaciones con la Unión Europea. Analizamos cómo se gestionan estas áreas y cómo afectan a las necesidades y derechos de la ciudadanía.
Emitimos informes que evalúan la acción de gobierno, centrándonos en la gestión política y en cómo se utiliza el dinero público. ¿Hacia dónde se dirige el presupuesto? ¿Responde realmente a las necesidades de la gente?. También hacemos un diagnóstico territorial, ya que cada isla tiene una realidad distinta, una idiosincrasia y unas necesidades específicas. Desde el año pasado hemos estado trabajando en estos aspectos y ofreciendo una visión integral de la situación en Canarias.
Pregunta: ¿Cómo está La Palma en función de esos parámetros?
Emma Colao: Al evaluar, nos centramos en tres cuestiones fundamentales: el reparto de recursos, la distribución de competencias y el nivel de cooperación entre la isla y la Administración autonómica. La Palma enfrenta problemas estructurales comunes al resto del archipiélago, pero estos se han agravado tras la erupción del volcán. La vivienda es uno de los temas más acuciantes. Hay promesas incumplidas por parte del gobierno central y el autonómico, muchas de ellas vinculadas a fichas económicas que nunca llegan a materializarse.
Es frustrante para la ciudadanía escuchar continuamente que se destinan fondos, pero no ver resultados. Este problema refleja una falla grave en la gestión administrativa. No se trata de una falta de presupuesto, sino de un incumplimiento sistemático con lo prometido, algo que también afecta a otras áreas como la energía y los servicios sociales. En La Palma, la administración está fallando a su gente y priorizando intereses ajenos a las necesidades fundamentales de los palmeros, como si la isla se hubiera convertido en un "parque de atracciones" en lugar de atender el derecho básico a una vivienda digna y a servicios esenciales.
Pregunta: ¿Creen que las administraciones públicas escuchan los informes que emiten desde el Observatorio?
Emma Colao: Lo que percibimos es que la administración dedica más esfuerzo a respondernos en los medios que a atender los problemas que señalamos en nuestros informes. Por ejemplo, hemos documentado que uno de cada cuatro canarios recurre a atención primaria por problemas de salud mental, una cifra que aumenta en La Palma debido al incumplimiento de derechos sociales. Sin embargo, en lugar de actuar sobre estas cuestiones, vemos una respuesta mediática que no se traduce en soluciones reales.
Un ejemplo claro es el presupuesto de la Dirección General de Salud Mental, que para 2024 solo crece un 3,2%. Eso es totalmente insuficiente para abordar los problemas que enfrenta la ciudadanía. Nos preocupa que esta dinámica de contestar sin actuar se perpetúe, porque lo que necesitamos no es que se nos contradiga en prensa, sino que se resuelvan los problemas que denunciamos. Preferiría que nos atacaran más si eso significara un avance real en la gestión.
Pregunta: ¿Y cuáles son algunos de estos problemas que han estado denunciando desde ODESOCAN?
Emma Colao: Uno de los mayores problemas es el incumplimiento de las propias normas que regulan la administración. El Estatuto de Autonomía, por ejemplo, exige una administración ágil y eficaz, pero hoy en día cualquiera que lea esa parte podría reírse por lo lejos que estamos de cumplirlo.
Además, hemos señalado repetidamente que leyes como la de Servicios Sociales, Educación o Cultura deben implementarse de manera efectiva, pero no se están cumpliendo. Se promulgan normas con fichas presupuestarias que nunca se ejecutan completamente. Si la sanidad tiene un gran porcentaje del presupuesto, no es porque se priorice, sino porque la política pública ha fracasado en prevenir problemas y la atención primaria se ha convertido en la última línea de defensa para cualquier problema social.
Pregunta: ¿Ha habido algún avance en estos últimos años?
Emma Colao: Aunque incluso un reloj parado acierta dos veces al día, y el tiempo puede generar cambios, la realidad es que Canarias sigue precarizada en muchos aspectos. El modelo económico de las islas es insostenible y fomenta desigualdades.
Mientras las políticas públicas no garanticen derechos básicos, como la vivienda o la dependencia, la ciudadanía se verá forzada a aceptar condiciones laborales y salariales abusivas. Este es un problema estructural que la administración conoce, pero no aborda porque mantener esta precariedad beneficia a determinados intereses. Es imprescindible replantear el modelo económico para que sea inclusivo y sostenible.
Pregunta: ¿Qué le dirías a una persona que considera que los derechos sociales son “chiringuitos y paguitas”?
Emma Colao: Para empezar, no existen colectivos vulnerables, sino personas vulnerabilizadas por las normas y estructuras sociales. Nadie nace vulnerable; la vulnerabilidad es producto de las desigualdades creadas por la sociedad. Decir que los derechos sociales son “paguitas” es desviar la atención de los verdaderos responsables de estas desigualdades: quienes concentran los recursos y toman decisiones sin considerar a las mayorías.
La administración tiene el deber de equilibrar estas desigualdades, pero mientras no se reconozca como responsable, seguirá apuntando a chivos expiatorios como las personas migrantes o quienes viven en la pobreza. Es un discurso que solo perpetúa la injusticia y desvía el foco de los verdaderos problemas.
Pregunta: ¿Cómo están las residencias de mayores en Canarias?
Emma Colao: Las residencias en Canarias tienen graves deficiencias. Faltan inspectores, y muchas no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, higiene o alimentación. Además, el personal está saturado y vulnerado en sus derechos laborales. Aunque el Gobierno ha anunciado la creación de nuevas plazas, el déficit actual es de 9.400, y las cifras propuestas son insuficientes.
Esto refleja un problema estructural que la administración no ha abordado de manera seria. Sin cambios en la Ley del Suelo, por ejemplo, será difícil construir las infraestructuras necesarias para garantizar derechos fundamentales como el acceso a residencias o centros educativos. El reto es grande, pero la inacción de las autoridades sigue siendo el mayor obstáculo.
Pregunta: ¿Cómo valora ODESOCAN la propuesta del Gobierno de Canarias de externalizar la atención a domicilio?
Emma Colao: El Gobierno de Canarias tiene las competencias de Servicios Sociales, lo que le permite tomar decisiones sobre cómo se dirigen o resuelven estos servicios. Pero esto también implica responsabilidad. Si tienen mando único para decidir sobre el servicio de ayuda a domicilio, también lo tienen para resolver problemas graves como los de La Palma. Es importante recordarle al Gobierno que no puede aplicar este mando único de forma selectiva: debe cumplir con todos los servicios sociales, incluyendo los que afectan directamente a los palmeros.
En cuanto a la propuesta de externalizar la atención a domicilio, es cierto que la Consejería planea crear una licitación para que una empresa gestione este servicio en toda Canarias. Sin embargo, esto nos genera varias dudas importantes: ¿Ese personal llegará realmente a La Palma? ¿Será personal local? ¿Podrá cubrir las mismas necesidades que los servicios actuales? Además, ¿cómo se gestionará todo esto?
Por ejemplo, cada isla tiene una dispersión demográfica muy distinta. En islas como Fuerteventura, donde la población está muy dispersa, el coste de transporte puede dispararse. No se puede aplicar el mismo modelo que en Gran Canaria o Tenerife, donde todo está más centralizado. En La Palma, la geografía y la dispersión son también factores clave.
Lo que observamos en el Observatorio es que la Consejería tiende a tomar decisiones desde una perspectiva autonómica, sin recordar que está gestionando servicios para islas con realidades muy diferentes. A veces, sería más útil que la consejera pasara más tiempo en cada isla, hablando con las comunidades, para comprender mejor sus necesidades antes de imponer un modelo uniforme.
La licitación del servicio de ayuda a domicilio puede ser una solución para algunas islas, pero la pregunta que debe hacerse La Palma es: ¿este modelo nos beneficia realmente? Y desde ahí, defender su postura con firmeza para asegurarse de que las soluciones sean adecuadas para su contexto.
Desde DiarioPalmero.es queremos agradecer a nuestra protagonista la amabilidad y la buena predisposición que ha tenido a la hora de realizar esta entrevista, le deseamos toda la suerte del mundo en su trayectoria al frente del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN).
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