La gestión pública del agua en La Palma, ¿al servicio de los intereses privados?

Este artículo en exclusiva para Diario Palmero abarca en profundidad una cuestión con enorme relevancia para los ciudadanos de La Isla Bonita: la gestión por parte de la administración pública de un bien esencial para la vida como es el agua. Un tema con presencia regular en los medios locales durante los últimos años y sobre el que la asociación Agua para La Palma se ha convertido en la voz más crítica, aunque no en la única. Se ahondará en las críticas a la política hidráulica del Cabildo Insular, la fiscalización ciudadana de la acción política gestora de los recursos públicos, el lobby del agua y las raíces históricas de la gestión y el dominio hídrico en la isla, cuyo conocimiento es necesario para comprender el debate actual.

En una rueda de prensa celebrada en febrero en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma los representantes de este colectivo ciudadano, Pedro Monzón y Mónica Riverol, han acusado al Gobierno insular de Coalición Canaria de mantener una política de inversiones “continuista y derrochadora de dinero público” que “favorece los intereses del lobby del agua” al “priorizar la desalación y la reactivación de pozos privados”. También han respondido a declaraciones en medios por parte líder del Cabildo, Sergio Rodríguez, en las que afirma compartir las propuestas de la asociación, algo que sus representantes desmienten de forma tajante.

“El Gobierno insular trata de engañar a la opinión pública al decir que están haciendo lo que proponemos; pero no es así, aunque nos da la razón porque estamos cargados de razones que no puede contradecir más que con falsos argumentos”, ha asegurado el presidente de la asociación, Pedro Monzón. También ha explicado que Agua para La Palma lleva años reclamando a la administración insular que priorice las inversiones en soluciones estructurales que aprovechen el agua subterránea (origen del 90 % del agua que se consume de media cada año en la isla, según datos del CIALP) e introduzcan en el sistema agua barata y de calidad. Algo que pasa, según defiende la asociación, por reperforar el Túnel de Trasvase, instalar tranques en las galerías para sacar agua a demanda y evitar que corra por los barrancos y mejorar los canales y las redes de distribución para acabar con las pérdidas, incluyendo el entubado y telemetrizado del Canal LP1.

Monzón y Riverol han estado acompañados por el asesor técnico que avala las propuestas de la asociación para la gestión del agua en la isla, el Dr. Carlos Soler, ingeniero especializado en hidráulica y energía, quien descubrió el manantial de la Fuente Santa en Fuencaliente y dirigió en su momento las obras del Túnel de Trasvase. Durante su intervención ha argumentado por qué, según su criterio como experto en captación de aguas subterráneas, comprar pozos, instalar desaladoras y construir balsas son errores en la política hidráulica del Cabildo.

Debate sobre la gestión política del agua en La Palma

“El actual Gobierno insular, usando como pretexto el cambio climático, se ha convertido en el máximo defensor de un dispendio de dinero público en desaladoras de agua marina justo en la isla que dispone, cada año, de cuatro veces más agua subterránea que la que necesita”, ha argumentado Monzón. Quien ha señalado una falta de voluntad política real por parte del Cabildo sobre alternativas que, según defiende, “pueden aportar agua al sistema de mayor calidad, a mejor precio y de manera mucho más sostenible para un medio natural que la ley obliga a cuidar”.

En una entrevista del pasado mes de enero en una televisión local el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, defiende que la corporación insular está realizando una serie de actuaciones que van a mejorar el transporte y el almacenamiento de agua: ejecución de infraestructuras hidráulicas para conectar distintas balsas en la comarca noroeste, proyectos para llevar agua a la balsa de Vicario, telemetría o el proyecto de rehabilitación y puesta en marcha de El Valle de los Espejos. “Estamos haciendo muchísimas acciones que no tienen nada que ver con la desalación, a pesar de la desalación”, asegura Rodríguez.

En el caso del Túnel de Trasvase, Monzón ha reprochado al Cabildo que se haya negado a reperforarlo por la vía de emergencia. El CIALP sacó a licitación el año pasado el proyecto de reperforación de las galerías del túnel por sus dos bocas, pero quedó desierta al no presentarse ninguna entidad. “Aunque Sergio Rodríguez dice que no es por culpa del CIALP, la realidad es que sí, pues dotaron la licitación para la redacción del proyecto con apenas un tercio del presupuesto necesario, algo inaceptable para cualquier empresa que quisiera concurrir”, ha defendido Monzón.

Sobre esto, durante la presentación de los presupuestos del Cabildo de 2025, Rodríguez argumentó que los técnicos encargados de la primera licitación consideraban que el presupuesto era suficiente y que muchas licitaciones de obras públicas quedan desiertas. Y aseguró que se está poniendo en marcha una nueva licitación con el asesoramiento del Colegio de Ingenieros de Canarias que se publicará este año.

En la convocatoria de medios organizada por la asociación, Monzón, Riverol y Soler han insistido en la necesidad de instalar tranques en las galerías para regular la extracción de agua según necesidades, garantizar su recarga y no dejar que se pierda por los barrancos, tal y como se ha hecho en las Haciendas de Argual y Tazacorte. Dicen que sobre esto el Cabildo ha puesto una “excusa” al argumentar que no puede obligar a poner tranques en las galerías porque son privadas. Y han explicado que Agua para La Palma entregó, junto a las alegaciones al Plan Hidrológico de Tercer Ciclo, un informe jurídico que concluye que la legislación sí permite imponer esta obligación para la gestión de un bien público esencial, como es el agua, aunque se explote por parte de un ente privado mediante concesión administrativa.

Respecto a la necesidad de financiación para el canal LP1, en la entrevista en una televisión local anteriormente mencionada, el presidente del Cabildo asegura que hacer las redes más eficientes es una prioridad para la corporación insular y que se está invirtiendo en ello. Defiende que se invirtieron 5 millones de euros el año pasado y se invertirán 3 millones y medio este año para el laminado del LP1, pero que el proyecto requiere una inversión total de 22 millones de euros que la corporación insular, por el momento, no tiene. “Estamos solicitando dinero a otras administraciones porque es imposible con lo que tenemos que afrontar para la recuperación de la isla vinculada a la catástrofe”. “Nosotros no tenemos una fábrica de dinero”, apunta Sergio Rodríguez.

Sobre esto, Monzón le ha reprochado que “ por qué la Administración insular no busca con la misma agilidad financiación para esta obra urgente como sí lo hace para las desaladoras y la reactivación de pozos, abocándonos a pagar agua cara, escasa y mala”. Ha instado al Cabildo a destinar los fondos disponibles para actuar en el Túnel de Trasvase y en el Canal LP1 y seguir buscando financiación para hacerlo de una vez. “Ya se han puesto demasiados parches que no han servido más que para quemar inútilmente dinero de todos”, ha añadido Monzón.

Otra medida que cuestiona la asociación es “destinar dinero público a dos desaladoras contenerizadas por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno Canario, en acuerdo con el ITER y el Cabildo palmero, para instalarlas en terrenos de Canopalma en el Paseo del Litoral, en Tazacorte”, un proyecto que, advierte, “pondrá en riesgo el acuífero costero y el resto de pozos en activo en la zona al incumplir el área de influencia de afectación entre ellos establecida por la normativa”.

Planes para comprar dos pozos que el CIALP valora por 3.000 euros más de lo solicitado por los propietarios

En la rueda de prensa, los representantes de Agua para La Palma han criticado la intención del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) de comprar los pozos La Herradura I y La Herradura, en el noreste de la isla. Un acuerdo que se pretendía adoptar en la junta directiva del Consejo celebrada el 3 de febrero, un día después de que la asociación hiciese pública esta información. Sin embargo, de momento la compra no ha sido aprobada por faltar el informe del interventor del Cabildo. La asociación ha tachado de cuestionable que el CIALP pretenda emplear 1,2 millones de euros en la compra de estos pozos y asegura que el gasto total podría alcanzar los 4,6 millones de dinero público porque hay que ponerlos en funcionamiento, ya que están abandonados desde hace décadas.

Soler ha explicado que el expediente administrativo está “lleno de deficiencias”, como la ausencia de información sobre la realidad del flujo de agua o datos sobre su calidad. También ha señalado la existencia de un informe desfavorable de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias que fue solicitado en su momento por la Comunidad de Riego de Los Sauces tras quedar los pozos abandonados, en el que se desaconsejaba su compra tras comprobar su estado y la salinización de su agua. “Y ahora el Consejo Insular de Aguas ha dicho que sí con dos informes de dos técnicos en los cuales se hace la valoración de lo que cuestan, pero nada dicen de la calidad de su agua, porque no ha habido un ensayo de bombeo o al menos un análisis del agua, con lo cual se está comprando con dinero público un agujero, no un pozo de agua”, asegura el técnico.

La compra y reactivación de estos pozos está avalada por dos informes técnicos, uno realizado mediante un contrato menor para el CIALP por una ingeniera de minas, en el que realiza una valoración económica de 1.107.000 euros para los dos pozos, y otro emitido por el ingeniero técnico del CIALP encargado del expediente que incrementa su valoración económica hasta 1.203.000 euros. Esto son 3.000 euros más que el 1.200.000 euros solicitado por la Comunidad de Aguas La Herradura, propietaria de los pozos, en su oferta de venta al CIALP. Algo que Agua para la Palma afirma llamarle “poderosamente la atención”.

El fin de esta compra pretendida por el CIALP es llevar el agua de estos pozos a La Laguna de Barlovento, “con lo cual se bombea desde la cota del nivel del mar hasta los 725 metros para luego regar desde la cota 400 para abajo”, ha señalado Soler. “Lo que en verdad se está haciendo es bombear el doble de lo necesario, y si se utiliza Aduares, entonces sería el triple”.

Además, sobre el estado de esta infraestructura hidráulica la asociación asegura que está rota. “Se han puesto a hacer charcas, pero resulta que el 60 % del volumen de todas las charcas no las pueden llenar, porque la Laguna de Barlovento está rota. No se puede llenar, que no sigan mintiendo”, ha afirmado Monzón. Una cuestión que Agua para La Palma lleva años advirtiendo, aunque Carlos Cabrera lo negaba rotundamente en 2021, cuando era consejero de Aguas del Cabildo Insular con el Partido Popular en el Gobierno. Sin embargo, en unas declaraciones a una radio local hace un año, el actual consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, explicaba que se han desarrollado actuaciones para reducir las pérdidas, en concreto, la reparación de 700 roturas de diferente índole y la limpieza de los tomaderos de agua.

Pedro Monzón, presidente de Agua para La Palma: “Al Cabildo y al lobby del agua les interesa que el enfermo siempre siga enfermo”

El presidente de Agua para La Palma, Pedro Monzón, ha ofrecido unas declaraciones a Diario Palmero en las que explica las críticas de la asociación a la política hidráulica insular. Ha hablado de la necesidad de invertir en soluciones estructurales y no solo urgentes, de las pérdidas en el canal LP1 a pesar de los millones de euros de dinero público invertidos en su laminado y del nivel de especialización en materia hidráulica de los técnicos que asesoran al Cabildo a través del CIALP. Sobre esto último, argumenta que “sigue gobernando bajo la decisión técnica de un perito agrícola, porque no hay ingenieros. No estamos diciendo que tiene que ser Soler, sino un ingeniero que ponga las soluciones a un nivel muchísimo mayor que el simple parcheo”.

También ha manifestado que “la luvia son ciclos que van y vienen, pero lo que permanece es el caos de gestión que existe en el agua de la isla de La Palma” y asegura que “Agua para La Palma tiene la certeza de que al Cabildo y al lobby del agua, que es el que gobierna realmente la gestión del agua en esta esta isla, les interesa que el enfermo siempre siga enfermo. ¿Para qué? Para que el enfermo siempre esté demandando tratamientos cada vez más caros”.

Declaraciones de Pedro Monzón, presidente Agua para La Palma:

Las críticas de Carlos soler a las desaladoras en Tazacorte, Fuencaliente y Barlovento

Para Carlos Soler las desaladoras son un error. Ha explicado que hay previsiones para instalar tres desaladoras que “se costearán con dinero público y una más que será subvencionada con dinero público también,y el agua de esta última va a venderse al precio privado, pero vamos a pagar sus costes entre todos”: dos en Tazacorte, una en Fuencaliente y una en Barlovento. Sobre la de Fuencaliente, asegura que “su coste, con el parque eólico que le dará electricidad, se multiplicará por cinco”.

Respecto a Barlovento, el propio alcalde del municipio y diputado del Parlamento de Canarias, Jacob Qadri, explicó en una entrevista el verano pasado en un medio radiofónico que el ayuntamiento ha solicitado proyectos de desalación en la costa de Barlovento. Defendió que “La isla de La Palma debe ya comenzar a implantar proyectos de depuración de agua en los núcleos más habitados y en los que no, donde sea viable, desaladoras” y manifestó una postura firme de apoyo a las desaladoras en la isla, a pesar de las complicaciones a las que se enfrenta su instalación. “Cuando quieras poner una desaladora en Barlovento, Garafía, Los Sauces, Puntallana… donde sea, tendrá doscientas evaluaciones de impacto ambiental, no sé cuántas denuncias de diferentes colectivos o grupos, problemas por llevar energía eléctrica, problemas para bombear el agua, etc., por eso hay que iniciar los trámites de redacción de esos proyectos cuanto antes”, concluyó.

Soler ha descrito como “una verdadera barbaridad” pretender instalar una desaladora en Barlovento, “pues es poner una desaladora en la zona de mayor pluviometría de la isla; y es como decirles a los canadienses, a los brasileños o a los escoceses que se dediquen a poner desaladoras, algo que evidentemente no van a hacer porque les sobra agua”.

En cuanto al proyecto de la desaladora en Tazacorte, ha apuntado que “ya han olvidado de que sea sostenible y no le pondrán parque eólico” y ha criticado diversas cuestiones del proyecto planteado para la desaladora de Canopalma. Primero, dice que “hay un error tremendo en el proyecto, porque la toma del agua no se hará en el mar ni tampoco el vertido de la salmuera, sino a través de sondeos colocados al lado de la desaladora” que, según explica, entran en un acuífero que está sobreexplotado y al cual “han conseguido bajarle el coeficiente de sobreexplotación por debajo del 80 % para evitar su declaración de sobreexplotación mediante trampas en el Plan Hidrológico”.

A lo anterior, ha añadido que el bombeo “va a provocar una contaminación del acuífero” y que los pozos se van a salinizar al mezclar su agua con agua desalada; algo que, según afirma, encarecerá el precio del agua para todos los agricultores, “con lo cual van a terminar arruinando no solo a la agricultura, sino también a los pequeños accionistas de los pozos al perder valor sus acciones por salinizarse el agua”. También ha denunciado que “el CIALP se salta la ley que define en los planes hidrológicos un radio de afección de mil metros, ya que el propio informe del CIALP, firmado por Alberto Calle, señala que hay tres pozos activos a menos de 600 metros, con lo cual van a incumplir el reglamento”.

Por último, ha advertido que las membranas y las bombas de la desaladora acabarán estropeándose porque “el pozo de la salmuera donde se vierte en el acuífero está a tan solo 55 metros del pozo de absorción del agua que se bombea hacia la desaladora y al final la bomba va a empezar a traer el agua de la salmuera”. “Todo ello será responsabilidad no solo del CIALP, sino que tendrá que empezar ya a salpicar a los funcionarios”, ha concluido.

Las alternativas de Carlos Soler frente a la desalación y la reactivación de pozos

El tercer error de la política hidráulica del Cabildo para Carlos Soler es la construcción de balsas. "Van a destinar 40 millones de euros en el Plan Hidrológico para tres nuevas, porque todavía no se ha enterado de que no sirven para recoger agua de barrancos, sino para llenarlas con agua de galerías y pozos; y para eso no hace falta hacer balsas, sino poner cierres hidráulicos en las galerías", ha argumentado.

Las alternativas que el técnico asesor de Agua para La Palma defiende frente a los proyectos de desalación y compra de pozos son las que ha repetido en diferentes medios de comunicación durante los últimos años: " corregir las pérdidas en las redes municipales, financiando o ayudando a los ayuntamientos; corregir las pérdidas de los canales públicos entubándolos y dejando de laminar; así como disminuir el caudal de pozos y aumentar el de las galerías para mejorar la calidad y la cantidad de agua". Para ello, propone “sacar el aumento de agua del Túnel de Trasvase en el Valle de Aridane; crear una comunidad en Barlovento que aproveche los 30 hectómetros cúbicos que se infiltran cada año; y hacer los sondeos en el noroeste de la isla que la Dirección General de Aguas anunció que haría desde hace un año".

Carlos Soler, asesor técnico de Agua para La Palma: “A mí solo me ha faltado que me crucifiquen, pero vamos, todavía no ha terminado la guerra”

Carlos Soler es uno de los mayores expertos en captación de aguas subterráneas en terreno volcánico de todo el mundo y defensor de la existencia de grandes reservas de agua en La Palma. Doctor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y especialista en Hidráulica y Energía, ha desempeñado una labor divulgativa sobre la necesidad de gestionar de manera eficiente un recurso fundamental la vida como es el agua. En su desempeño profesional ha estado siempre muy ligado a Canarias y a La Palma; fue el único capaz de localizar el manantial de la Fuente Santa, en Fuencaliente, que llevaba siglos oculto bajo la lava, y ha redactado planes hidrológicos en La Palma, La Gomera y El Hierro, además de trabajar durante décadas como jefe de obras, proyectos y planificación hidrológica en Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias.

En una entrevista concedida en exclusiva a Diario Palmero, Soler califica la política hidráulica del Cabildo Insular como “nefasta” y asegura, como viene haciendo públicamente en los últimos años, que en la isla hay un mercado del agua en el que los operadores privados se benefician de la gestión pública de este recurso. “Si lo que tú tienes en esta isla es un mercado del agua y lo que hay que hacer es abaratarla y mejorar la calidad, lo que tienes que hacer es sacar agua de calidad y barata, para meterla en el mercado. Sin embargo, ellos hacen lo contrario. Sacan agua de mala calidad, que es la de los pozos, y quieren meter agua cara, que es la de las desaladoras. ¿Con eso a quién favorecen? ¿A los agricultores o a los dueños del agua? Evidentemente a los dueños del agua”, argumenta.

Respecto a la permanente excusa de la sequía que esgrimen quienes se posicionan a favor de la desalación en la isla, el ingeniero explica que “según los documentos que maneja y aprueba el propio Consejo Insular de Aguas, la pluviometría media permanece constante en esta isla desde los últimos 80 años. Que hay periodos de sequía, está claro, y también hay periodos de abundancia. Este año, por ejemplo, de sequía no tiene nada.” Y dice de la desalación que es la forma de extraer agua con mayores costes de implantación y producción y que hace depender el agua de la energía, lo que en el caso de La Palma es, según sus propias palabras, “una verdadera barbaridad”. Critica que la desalación contamina “no solo solo porque quema petróleo, sino porque estás vertiendo agua al litoral” y que es una solución buena cuando no hay otra; “pero habiendo otra, cualquiera que sea, siempre es mejor”.

También manifiesta que lleva seis años solicitando un debate en esta isla. “Si es verdad que hay tantos ingenieros que están en contra mía, pues que vengan y me lo demuestren. Si a mí me demuestran que me equivoco, cojo la puerta y me voy. Yo no tengo ninguna necesidad económica, social, ni de ningún tipo”.

En la entrevista a Diario Palmero explica el intento de boicot a su carrera profesional hace unos años, cuando fue suspendido de empleo y sueldo durante más de un año en la Consejería de Agricultura del Gobierno canario y trasladado de su puesto. “Todo por negarme a pagar a Dragados un incremento del 20 % en dos obras, que suponía 1.200.000 euros que querían ellos de regalo. Yo me negué, me metí en un pleito contra ellos y lo gané todo. Me tuvieron que devolver el dinero que no me pagaron en la suspensión y me mandaron a otro despacho, porque de eso se encargó el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, que era Juan Ramón Felipe San Antonio”, relata Soler. “A mí solo me ha faltado que me crucifiquen, pero vamos, todavía no ha terminado la guerra”.

Además, el veto en los medios de comunicación por la presión política ha sido una constante en la experiencia de Soler. “No solo ha sido Sergio Rodríguez, el Cabildo, sino también el Ayuntamiento de Fuencaliente, según me cuentan, y esa vía de Gregorio Alonso ha sido en dos emisoras que me dijeron claramente que ya no me iban a llamar nunca más. Me lo han dicho 7.7 Radio La Palma, Canal 11 y La COPE. En esta última me hicieron una entrevista y al final ya me dijeron que había llamado el alcalde de Fuencaliente y que nunca más me volverían a llamar”.

Entrevista a Carlos Soler, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y especialista en Hidráulica y Energía ; 

La vigilancia de Agua para La Palma a la gestión política de los recursos hídricos

Para concluir la rueda de prensa, la secretaria de Agua para La Palma, Mónica Riverol, ha defendido la necesidad de transparencia en las decisiones de quienes gestionan los recursos públicos y ha recriminado a la parte política “que ejerza presión sobre sus empleados públicos para que informen y firmen comprometidos informes en el sentido que los gobernantes desean, como así lo han manifestado Sergio Rodríguez y Carlos Cabrera cuando han dicho: ‘Pedimos a nuestros técnicos una interpretación extrema de la normativa’”. Por esto, ha adelantado que la asociación está estudiando si se está incurriendo en ilegalidades que lleven aparejadas otro tipo de responsabilidades y que “no dudará en acudir a los tribunales para aclarar todo lo que vea turbio”.

Algo que ya ha hecho en el pasado; de hecho, Monzón ha explicado que la asociación ha obtenido sentencias favorables para dos de los tres procesos judiciales iniciados: uno sobre petición de información del Túnel de Trasvase por la afectación de aguas fecales del barrio de La Rosa y otro para la retirada de la tasa única del agua pública en la isla. El tercero, respecto al convenio con el pozo del Roque, aún está en proceso.

Riverol ha advertido que Agua para La Palma no va a callar y que fiscalizará la acción política “aunque les disguste” y ha pedido el apoyo de la población y de los medios de comunicación “para exigir transparencia en las decisiones políticas sobre un recurso tan fundamental como el agua y rigor en invertir los fondos públicos en las soluciones más eficaces y sostenibles para el interés público, y no en las que más benefician al lobby del agua, como viene sucediendo, gobierne quien gobierne”.

La propiedad y la gestión del agua en La Palma: de lo privado, ¿a lo público?

Para entender la situación actual en torno a la gestión y el dominio del agua en La Palma hay que repasar su historia y desarrollo legislativo. Según datos del CIALP, e l 90 % del agua que se consume de media cada año en La Palma es de origen subterráneo y la mayor parte procede de las extracciones de pozos y galerías, pero solo el 10 % del agua total extraída es de explotación pública, de manera que el 90 % procede de explotaciones privadas de galerías (en régimen de concesiones administrativas) y pozos. Esto se debe a las particularidades del archipiélago canario en materia hídrica, origen de conflictos históricos en la regulación jurídica del derecho sobre el agua, cuya gestión estuvo en manos de la iniciativa privada hasta 1934. Tal como expone el CIALP en su página web, a partir de este momento se publican diversas normas encaminadas a otorgar un mayor poder de intervención a la administración pública para regularizar los aprovechamientos de aguas.

Sin embargo, el dominio del agua continuó siendo privado hasta la Ley 29/1985 de Aguas promulgada por el Estado español. Una norma que generó diversos recursos ante el Tribunal Constitucional, porque introdujo un cambio fundamental en la regulación de las aguas continentales al declarar de dominio público la casi totalidad de estas. También, adaptó esta materia a la nueva situación derivada de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que vino determinada por la Constitución Española de 1978, y que en el caso de Canarias se otorgaron unas competencias complementarias respecto a otras comunidades por sus singulares circunstancias.

En los años 80, explica el CIALP, “en Canarias existe una particular idiosincrasia sobre el agua, que gira en torno a un régimen de propiedad privada y a unas singulares instituciones como son las Heredades y Heredamientos de Aguas, que hunden sus raíces en la Historia y que han desempeñado un importante papel en la gestión y administración de las aguas”, además de en el acceso al agua subterránea en al construir galerías y pozos. En este contexto, se llevó a cabo el primer intento de regular las aguas del archipiélago canario en línea con la Ley estatal de 1985, mediante aprobación de la Ley 10/1987 de Aguas regional por parte del socialista canario, Jerónimo Saavedra, el primer presidente de las Islas Canarias tras el establecimiento del sistema de Comunidades Autónomas según la Constitución del 78.

Sin embargo, muchos explotadores privados de este recurso hídrico se opusieron a medidas que contemplaba esta norma, que finalmente no entró en vigor por falta de desarrollo debido, entre otros motivos, a un cambio en la mayoría parlamentaria tras las elecciones de 1987, “que apostaba por otro régimen distinto a lo que se establecía en la Ley 10/1987, queriendo volver al Derecho Tradicional Canario de 1962”, expone el CIALP en su web. En este escenario, 56 diputados intentaron, sin éxito, buscar la inconstitucionalidad de un conjunto de preceptos de la primera Ley de Aguas de Canarias del 87, apoyándose, entre otras cuestiones, en una vulneración de “la garantía constitucional de la propiedad privada, de los derechos individuales y de la seguridad jurídica”, tal como se puede leer en Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1990 que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

En los fundamentos jurídicos de la citada sentencia se argumenta que la incorporación de las aguas subterráneas al dominio público no es incompatible con el respeto de los derechos de naturaleza privada preexistentes en los términos que la propia Ley establece. Otra cuestión que describe es la diferencia entre las comunidades y heredamientos y las Comunidades de Regantes. Las primeras las define como “agrupaciones de propietarios de aguas privadas, a las que, en virtud de la Ley de 1956 sobre Heredamientos de Aguas del Archipiélago Canario, se reconoció personalidad jurídica, considerándolas, salvo que adoptaren otra forma organizativa, como asociaciones de interés particular”. Las Comunidades de Regantes, en cambio, “contempladas en la Ley de Aguas de 1879, están constituidas para el aprovechamiento colectivo de aguas públicas”.

Finalmente, con el objetivo de abordar globalmente el tema del agua en Canarias, se aprueba en 1990 una nueva norma, la Ley de Aguas de Canarias (12/1990), que es la que está actualmente vigente. Regula la ordenación del dominio público hidráulico que “contempla la existencia de aprovechamientos deaguas públicas y de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislaciónanterior”. A estos últimos, se les dio el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley para inscribirse en el Registro de Aguas del Consejo Insular correspondiente, lo que otorga un conjunto de derechos, como continuar con la explotación de los caudales durante 50 años y obtener después una concesión administrativa o la posibilidad de acogerse a subvenciones públicas previstas en la política hidráulica, entre otros.

“ Transcurrido el plazo de tres años previsto sin que los interesados hubiesen acreditado sus derechos, aquellos mantendrán su titularidad en la misma forma que hasta ahora, pero no podrán gozar de la protección administrativa que se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas”, se puede leer en la citada ley. Sara Hernández, portavoz en La Palma del partido político de ámbito regional Drago Canarias, manifiesta en una entrevista reciente en un programa de radio, que en ese momento en La Palma “muchas comunidades de aguas, que no querían perder sus privilegios, hicieron campaña para que no se escribieran. Y el último dato que yo pude leer en un blog fue que el 87 % de dueños del agua en La Palma no se escribieron. Entonces, el dato de que el 90 % del agua es privada es real, pero es una situación irregular, porque el agua es pública por ley. Otra cosa es que se esté permitiendo, mirando para otro lado, dejando que el agua sea privada”.

Además, la actual Ley de Aguas canaria establece que los aprovechamientos privados de agua también están sometidos a las normas legislativas que regulan la sobreexplotación de acuíferos, las situaciones de emergencia, la protección de la calidad de las aguas, el transporte del agua, el régimen de control de precios, las determinaciones de la planificación hidrológica y las limitaciones del uso del dominio público hidráulico.

Se pone de manifiesto que la iniciativa privada ha tenido históricamente un papel central en la explotación y venta del agua subterránea en la isla. El desarrollo legislativo en esta materia en Canarias ha estado marcado por un conflicto de intereses entre lo privado y lo público. Y aunque ha posibilitado una mayor intervención por parte de la administración pública en la gestión de este bien esencial para la vida, como lo es el agua, la iniciativa privada en La Palma parece mantener en la actualidad su statu quo al abarcar la mayor cuota de mercado del agua.

La gestión pública del agua en La Palma: ¿manejada por un lobby?

En la argumentación de Agua para La Palma está presente un supuesto lobby que ejercería presión en el CIALP porque no quiere que se introduzca agua barata y de calidad en el mercado y que, a ojos de la asociación, es el mayor beneficiario de la política hidráulica de la administración insular en los últimos años. Y aunque parece ser un ente indeterminado, lo cierto es que varios representantes políticos han hablado de esto públicamente.

El primero en hacerlo fue el actual viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, hace unos años, cuando era alcalde de Tijarafe con Coalición Canaria y quien, a mediados de 2024 volvió a hablar de ello en una emisora de radio local. Afirmó que “este lobby sigue existiendo en La Palma” y explicó que “es un conjunto de empresas o de personas que se organizan en torno a un interés común para defenderlo”. Y aunque señaló la necesidad de que la administración pública trabaje de manera coordinada con los operadores privados, también sostuvo que “no se puede permitir bajo ningún concepto que un grupo de personas, o un grupo de empresas o un grupo de intereses, pongan el sacar dinero, el especular con el agua en la isla de La Palma, por encima de las necesidades que tenemos de servir con ese bien de interés público y tan necesario para la vida y para cualquier actividad económica, como es el agua”.

En la misma entrevista mencionada, Lorenzo contó que vivió “en carne propia”, al comprar acciones de agua para poder dotar el servicio de abasto público en Tijarafe, que lo que hoy valía “X” mañana multiplicaba su precio por cinco. “Eso es lo que no puede ser”, “es lo que yo criticaba en aquel momento, lo sigo criticando hoy, y además estamos en la obligación desde lo público de perseguir ese tipo de situaciones”, defendió.

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, también parece reconocer la existencia de un lobby del agua en La Palma al manifestar, en una reciente entrevista concedida a un medio digital de ámbito local, que “los que están en el Consejo Insular de Aguas a veces dicen: ‘No, es que el lobby del agua está interesado en las desaladoras’.” Y ha opinado que “el lobby del agua debe estar preocupado por las desaladoras, porque si se ponen, son públicas y autosuficientes, son las que irán a regular el precio del agua y pondrán agua en el sistema al precio que lo pone la administración”.

Por su parte, el actual vicepresidente y consejero de Aguas del Cabildo Insular, Juan Ramón Felipe, explicó en una entrevista en una radio local hace un año que en torno al 70 % del agua pública se destina a los ayuntamientos para abastecer a la población y el resto a la agricultura cuando no llega lo privado. Y aunque no mencionó al lobby del agua, defendió que “no podemos maleducar, malacostumbrar, a las personas”; “si yo te doy a ti el agua a 10 y el privado a 20, no vas a hacer ningún esfuerzo en conseguir agua del privado, porque te sale más barata la pública”. Y aseguró que “el agua tiene que doler, tiene que importarte. No puede ser que sea tan barata que te da lo mismo que se salga porque es más caro arreglar la tubería que el agua que estás perdiendo”.

Otras voces críticas con la gestión política del agua en La Palma

La asociación Agua para la Palma, colectivo ciudadano, no es la única que cuestiona públicamente la gestión del agua por parte del Cabildo y el Consejo Insular de Aguas, algunas figuras políticas también lo han hecho. La voz más crítica es la ya mencionada portavoz en La Palma Drago Canarias, Sara Hernández, quien hace unos meses reaccionaba en un medio radiofónico a unas declaraciones públicas del consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, en las que afirmó que “hay que cambiar el chip y asumir que el agua industrial, a través de desaladoras, va a ser necesaria en algunos puntos de la isla”. Sobre esto, Hernández critica que “quien tiene que cambiar el chip es Coalición Canaria, y dejar de gobernar para contentar a los que mercadean con el agua y empezar a gobernar para quienes la necesitan para vivir y trabajar”.

Según argumenta, el propio CIALP ha puesto de manifiesto, tanto en el Plan Hidrológico como en la Mesa de la Sequía celebrada hace un año, la problemática que tiene para gestionar el agua por el hecho de que haya tanto porcentaje en manos privadas. Hernández también denuncia falta transparencia en los datos por un bajo nivel de colaboración de los explotadores privados del agua con la administración pública. Critica que “no pueden saber cuánta agua se está extrayendo, porque reclaman los datos y no se dan”, “pero el Consejo Insular de Aguas tiene la competencia de inspeccionar y vigilar que esa agua se use de manera sostenible”. Según afirma la portavoz de Drago Canarias citando al CIALP, “la administración del recurso, no lo hace la administración (pública), sino el mercado”.

En una reciente entrevista publicada por Diario Palmero, Borja Perdomo, consejero del PSOE en el Cabildo y miembro de la Junta General y la Junta de Gobierno del CIALP, ha criticado que “la inversión del CIALP en reparar pérdidas de agua ha sido mínima” yque “no podemos llevar todo al saco de la desalación y después no atender lo del día a día”.

Sobre esto, en una reciente jornada organizada por el Cabildo con motivo del Día Mundial del Agua, el gerente del CIALP, Javier Peña, ha explicado que los técnicos de este organismo responsables de la parte de distribución han valorado las pérdidas en las redes públicas en un 10 % y que “no hay datos certeros” sobre las redes de riego privadas. Respecto a las redes municipales de los ayuntamientos algunas tienen pérdidas de hasta el 50 %, algo que ya había advertido Agua para La Palma y que Peña ha confirmado, aunque también ha defendido que hay otros municipios “que han hecho el trabajo muy bien”. “Los que cuentan con empresas privadas en la gestión del abastecimiento mejoran mucho las pérdidas”, ha asegurado.

En la entrevista concedida a Diario Palmero, Perdomo afirma compartir algunos de los planteamientos de la asociación. Aunque también argumenta que “tenemos unos técnicos dentro de la administración” a los que hay que regirse “porque son los que te van a firmar”. Y ha puesto en valor el trabajo de estos: “Hay técnicos también en la administración muy buenos, muy competentes, y que también saben de agua”. Aunque se posiciona a favor de la compra de pozos, respecto a la pretensión del CIALP adquirir y reactivar los pozos La Herradura I y La Herradura II, asegura que no se va a pronunciar “en votar a favor de unos pozos que no sé si lo que vamos a invertir allí después no sirve para nada”. En cuanto a la instalación de desaladoras mantiene una postura de apoyo, pero advierte que “hay que debatirlo con profundidad, y hay que estudiarlo muy bien, no tiene que ser el capricho de ningún alcalde”.

Por su parte, el consejero del Partido Popular en el Cabildo Insular y consejero de Aguas en la anterior legislatura, Carlos Cabrera, ha reiterado en los medios de comunicación sus críticas a la actual gestión del CIALP. En una reciente entrevista en un medio radiofónico ha señalado una falta de nuevas iniciativas para aumentar el suministro de agua y lentitud en detectar y reparar las fugas en las redes de abastecimiento municipales. "Llevamos dos años esperando un estudio para detectar fugas, cuando lo que necesitamos son soluciones rápidas y eficaces", ha argumentado.

En relación con la posible compra de los pozos La Herradura I y La Herradura II por parte del CIALP, en una nota de prensa Cabrera ha acusado a Coalición Canaria de utilizar una “doble vara de medir” en la gestión de los recursos hídricos en la isla. Argumenta que en su etapa en la oposición se opuso a esta compra alegando “una supuesta irregularidad por no constar su registro”, “pero ahora, en el Gobierno, está dispuesto a adquirir otros pozos sin estar inscritos en el mismo". Aun así, el consejero del PP ha reiterado su apoyo a la activación de pozos en La Palma “independientemente de su estatus registral”.

La gestión de los recursos hídricos en La Palma puede tomar muchos caminos. Y aunque el peso de los gestores privados en el mercado del agua sea mayoritario, son los gestores públicos quienes, con su política hidráulica, condicionan el destino en la isla de un bien tan esencial para la vida como es el agua.

Desde Diariopalmero.es hemos intentado por todos los medios obtener declaraciones por parte de algún representante del Consejo Insular de Aguas o del propio Cabildo de La Palma. Juan Ramón Felipe San Antonio, actual consejero de Aguas de la administración insular, accedió a una entrevista con la condición de no hablar de la asociación Agua para La Palma. Pero en este medio rechazamos el veto político a preguntas que solo buscan promover una adecuada labor informativa para los ciudadanos de la isla sobre cuestiones que les afectan de manera directa.

Por el momento, Javier Peña, actual gerente del CIALP, ha aceptado en conversación telefónica conceder una entrevista a Diario Palmero, para la cual estamos a la espera de respuesta por parte del servicio de prensa del Cabildo Insular que tiene que agendarla.