Francisco Rodríguez; "Hemos presentado un amparo al Tribunal Constitucional para pedir responsabilidades a los políticos y científicos del PEVOLCA"

Diariopalmero.es ha querido conocer entrevistar y conocer la opinión de Francisco Rodríguez, presidente de la asociación Tierra Bonita, un colectivo ciudadano que lucha por los derechos de los afectados del volcán Tajogaite.

Licenciado en Química y Pedagogía,este profesor de Enseñanza Secundaria, ya jubilado, se ha convertido en una figura clave para quienes buscan entender lo sucedido durante la emergencia volcánica y se preguntan por qué no se informó ni evacuó con antelación a la población en algunas zonas que después fueron arrasadas por la lava.

En esta entrevista en EXCLUSIVA, explica los procedimientos judiciales que la asociación Tierra Bonita ha iniciado, por un lado, para luchar por la publicación de las actas y los informes del PEVOLCA en los días previos al comienzo de la erupción y, por otro lado, para pedir responsabilidades por vulneración de derechos fundamentales recogidos en La Constitución Española.

PREGUNTA: Recientemente habéis iniciado un recurso contencioso administrativo para defender en los tribunales que el Gobierno canario entregue a los afectados del volcán Tajogaite las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) en los días y horas previos a la erupción de 2021 en La Palma. ¿Qué información recogen esas actas y grabaciones que Tierra Bonita considera que son de interés público?

RESPUESTA: Parece, más de manera indirecta que de manera directa (a través de las declaraciones de algunos científicos del comité), que hubo un fuerte debate en los días previos a la erupción entre el concepto de inminencia y no inminencia, y ese debate no sabemos cómo se produjo a nivel de votación. Sí sabemos que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) eran más partidarios de activar el semáforo naranja del sistema de alerta volcánica, pero no había unanimidad, y la última palabra la tenía el Comité Director del PEVOLCA, que entonces eran el Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el director técnico Miguel Ángel Morcuende.

Y en una conferencia que un miembro del Comité Científico, Pablo González, del CSIC, dio en La Laguna, en la que estaba yo presencialmente, él formuló una frase demoledora: “A nivel científico lo teníamos todos muy seguro, pero la clase política prefirió esperar y ver”. Y esto se tradujo en que a las tres y doce minutos el volcán pidió paso en semáforo amarillo y, además, en un lugar en el que no lo habían dicho ni media hora antes.

Por tanto, las actas te dicen los asistentes en las reuniones, que se votó, si hubo votos en contra… Incluso te dicen las posturas de voto particular; aunque no digan quién votó qué, porque se ampararán en la Ley de Protección de Datos, queremos saber lo máximo posible.

PREGUNTA: ¿En qué zonas sí se avisó y evacuó a la población (semáforo naranja) y en qué otras no (semáforo amarillo)? ¿A estos últimos se les informó?

RESPUESTA: Las zonas que estaban alertadas eran San Nicolás, el núcleo del Jedey y los núcleos poblacionales de Las Manchas que están al sur, lo que llaman El Barranco o El Callejón, todos esos núcleos de población dispersa. Pero en la zona de El Paraíso, Alcalá, El Corazoncillo, El Frontón, Los Campitos, la zona alta de Los pasteleros y Aniceto la población no fue alertada, no tenía ni el más mínimo conocimiento del riesgo.

La prueba más evidente es el informe del PEVOLCA de esa mañana; no dice absolutamente nada del riesgo eruptivo en estas zonas. Es más, lo que señala como más peligroso son las caídas de estructuras por la sismicidad, que era brusca. Siempre tienen argumentos de que fue muy rápido el ascenso magmático, prácticamente sin sismicidad, que fue un super-terremoto. Pero, ¿por qué no dan publicidad a esos documentos?.

PREGUNTA: ¿Por qué es tan importante para Tierra Bonita y los afectados saber qué se habló en esas reuniones del PEVOLCA previas a la erupción?

RESPUESTA: Porque debe haber transparencia. Nosotros presentamos una demanda penal en la que exigíamos responsabilidades penales a los responsables políticos y científicos. Pero, desgraciadamente, la Audiencia Provincial lo desestimó. Y a pesar de que tuvimos un despacho de lo mejor, de Madrid, Martínez-Echeverría. Ahora, seguimos con ellos y hemos presentado un amparo al Tribunal Constitucional para pedir responsabilidades por vulneración de derechos fundamentales. Y ese procedimiento lo queremos llevar a Europa si el Constitucional lo desestima.

¿Qué significa para los afectados saber qué se habló en esas reuniones? Saberlo es muy importante, porque la clase política o los científicos, si se equivocaron, deben tener un poco de humildad. A ellos lo que les pesa es que les puedacaer una responsabilidad patrimonial. De hecho, hay mucha gente que ha optado por la vía civil para exigir responsabilidades.  Y sobre todo por el dolor.

Puedes tener la pérdida de un familiar por un asunto médico y te puede quedar duda de que ha habido una negligencia y, de hecho,hay reclamaciones patrimoniales por negligencias médicas. Pues en el ánimo de una persona está el saber qué pasó, la gente se sentirá más descansada. Es un dolor que sigue pesando, el no saber por qué no avisaron.

Y entonces, ¿qué nos queda a nivel jurídico en este ámbito?. Aparte del recurso presentado al Constitucional, lograr por todas las vías que las actas se publiquen (lo que se pretende con el recurso contencioso administrativo).

PREGUNTA: ¿Cuál es la fundamentación jurídica devuestra defensa en el recurso presentado al Tribunal Constitucional?

RESPUESTA: La responsabilidad patrimonial, ligada a la omisión de socorro, porque se puso en riesgo la vida de las personas por la no evacuación. Nos sustentamos en que no se aplicó el semáforo naranja y no se aplicó la emergencia. Entonces, están los propios derechos por lesiones, en lo que respecta al ámbito de la legislación de seguridad y protección civil, amparados constitucionalmente porque afecta a los derechos de la propia vida. En este sentido, el Tribunal insistía en que no hubo muertes, pero es que fue un milagroque no las hubiera.

PREGUNTA: ¿Qué órgano administrativo es el demandado por Tierra Bonita en el proceso que tenéis habéis iniciado en el Tribunal Constitucional?

RESPUESTA: La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias es el órgano denunciado, quien en su momento era el responsable de velar por esas actas, porque todo este proceso se inició con un gobierno y un organigrama distinto del que hay en la actualidad.

PREGUNTA: Respecto a las actas y las grabaciones del PEVOLCA, lo que dice el Comisionado de Transparencia en su negativa de entregarlas es que no es una información de relevancia pública. ¿Cuál es la fundamentación jurídica de vuestra defensa en el recurso contencioso administrativo para conseguir la publicación de las mismas?

RESPUESTA: Nos basamos fundamentalmente en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (19/2013) y en las leyes que regulan el sector público: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (39/2015) y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público (40/2015). En estas leyes se define el funcionamiento de los órganos colegiados.

El PEVOLCA, ¿es un órgano colegiado? Sí; dependen de la Administración yson convocados en la forma que dice la Ley, con orden del día y con recogida de actas. En esto nos basamos.

¿Qué dijo en su momento el Comisionado? “Aquí están las actas”, pero lo que en realidad llamaban actas son los informes científicos, no son lo mismo. El informe es un anexo, la consecuencia de un acta, pero no son las propias actas. Así, el comisionado reconoció que había derecho a las actas, pero el matiz está en que llamó actas a los informes y emitió una resolución parcial para entregar los informes.Pero en el caso de las actas alegan razones de seguridad y privacidad de los datos (aunque, como en muchos otros casos se hace, los datos pueden anonimizarse).

Y una cosa que nos sorprendió es que hace poco, en una declaración en el Parlamento de Canarias, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, señaló que no hay actas de estas reuniones.

Vamos a la vía jurídica porque esperamos que un tribunal obligue a la administración a que haga públicos los expedientes. Si no hay actas, entonces lo que hay son grabaciones que, según el marco administrativo, pueden sustituir a las actas, pero es que ni actas ni grabaciones, nopermiten el acceso a nada.

PREGUNTA: En todo este proceso, ¿por quién estáis asesorados legalmente?

RESPUESTA: El procedimiento en el Tribunal Constitucional lo lleva el despacho Martínez-Echeverría, de Madrid, y en elcontencioso administrativo para la obtención de las actas nos asesora un despacho de Tenerife, que de momento no quiere hacer público su nombre.

PREGUNTA: En caso de ganar la causa en la vía contenciosa administrativa y obtener esas actas (si las hubiera) y grabaciones del PEVOLCA. ¿Qué vendría después?

RESPUESTA: Pues si en las mismas vemos indicios de delitos penales de algunas de las personas, interpondremos una querella. Son solo hipótesis, pero el abogado nos ha dicho que esas actas podrían dilucidar responsabilidades penales con nombre y apellidos.

PREGUNTA: ¿Cuáles serían las consecuencias para el órgano administrativo demandado en caso de llegar a una sentencia favorable en este procedimiento judicial para la obtención de las actas?

RESPUESTA: De ganarse la sentencia, tendría una traducción patrimonial económica, no penal, una indemnización por parte de la administración, como ocurre con las negligencias médicas. Pero si vemos que en las actas hay delito penal, entonces iniciaríamos otra causa.

PREGUNTA: ¿Qué os dicen vuestros abogados sobre las posibilidades reales de que estos dos procedimientos judiciales, el Constitucional y el administrativo, lleguen a juicio?

RESPUESTA: Respecto al recurso en el Tribunal Constitucional han sido sinceros y nos dan unas posibilidades mínimas de que pueda llegar a juicio, porque es una vía en la que se filtra mucho; no es lo mismo pedir un amparo al Constitucional desde una administración (como en el caso deLey de Amnistía), que desde una asociación desconocida deLa Palma desconocida. No es porque tenga menos mérito,sino porque el Tribunal no puede admitir todo, entonces ya la admisión es un filtro muy grande.Lo siguiente que nos queda es ir a Tribunal Europeo, que puede tardar cinco o más añosen responder, pero sí da una respuesta.

Y la vía contenciosa administrativa la estamos iniciando.Primero tiene que ser admitida, que cumpla con los requisitos de forma y de contenido. Y finalmente lo que queremos es llegar a una sentencia.

PREGUNTA: ¿Por qué el Gobierno de Canarias no quiere hacer públicas las actas y grabaciones del PEVOLCA que solicitáis?

RESPUESTA: Por miedo a que deriven en reclamaciones patrimoniales, y ese miedo se ha visto en declaraciones. Se ha visto en Puerto Naos; el otro día, en una reunión con vecinos, el presidente del Cabildo se soltó la lengua. Le digo: “¿Por qué pides 700 ppm y no 1.000 ppm?”. “Yo no me juego que me acusen porque aquí muera uno y yo me tenga que sentar en otro tribunal”, respondió. El miedo les puede, prefieren ocultar, hay un consenso extraño.

En su momento, curiosamente, la misma consejera llegó a pedir en el Parlamento canario que le dieran las actas. Coalición Canaria, que estaba en la oposición, pidió las actas, y esas preguntas se archivaron.

Yo también tengo mi suspicacia respecto a por qué hay tanto silencio y tanta negación con las actas: porque hay manos negras en esto, es un comentario que ha salido incluso de los abogados con los que hemos tratado. El consejero de Seguridad del anterior Gobierno de Canarias era Julio Pérez y él tiene un despacho de abogados muy fuerte, una trayectoria política muy antigua y presencia en Gobiernos canarios de distinta época, mueve muchos hilos. Pero esto son solo hipótesis; lo que les puede, sobre todo, es el miedo a que lescaiga el peso de la responsabilidad patrimonial.

Pero la administración tiene esta responsabilidad, por esodurante la emergencia les pudo el temor, y de ahí las palabras de éxito de que no hubo ningún muerto, ni siquiera heridos. Yclaro, si solo lo miden por las vidas humanas, pues sí. Pero no es la única vara para medir el éxito en la gestión de una emergencia, también están la salud física y la salud mental.

PREGUNTA: ¿Cuáles han sido las consecuencias de la erupción volcánica para la salud de la población palmera?

RESPUESTA: Hay que poner en valor las vidas que se han perdido. Ya oigo hablar a la gente sobre personas fallecidas y sale la frase: “El volcán pudo con él/ella”. Porque hay gente que todavía está como un zombi, con una depresión de caballo, y sobre todo gente mayor que se ha sumido en la tristeza. El tema de la salud mental nunca se ha valorado en su magnitud, pero es otra consecuencia, son los olvidados.

Se vio en un estudio estadístico que los niveles de mortalidad en La Palma habían aumentado con la erupción, y también los problemas respiratorios, por ejemplo. Y ahora se está investigando la presencia de metales pesados en sangre, provenientes de la ceniza del volcán que todavía permanece.

PREGUNTA: ¿Hay algún ejemplo similar al caso de La Palma en otros países que haya llegado a los tribunales?

RESPUESTA: Puedo poner dos ejemplos. Uno de una erupción volcánica en Nueva Zelanda, en la Isla Blanca, se llevó a los tribunales y a quien condenaron fue a las agencias de turismo, porque es una isla deshabitada que tiene un volcán activo, pero que lleva mucho tiempo sin actividad, y resulta que en una erupción explosiva murieron 20 personas que estaban allí. Se dijo si había que responsabilizar al Estado, pero finalmente sobre quienes recayó la culpa fueron las agencias que organizaban las rutas turísticas.

Otro caso es el terremoto de L'Aquila, en Italia, que también hubo muertes y hubo una sentencia que condenó a políticos y a científicos. Fíjate, un terremoto, que es difícil de predecir,pero se vio que había circunstancias para la asunción de responsabilidad.

Lo que ocurre es que luego la condena recayó en el responsable de protección civil y los científicos quedaron absueltos en un recurso, pero la primera sentencia los condenaba a penas de cárcel.

Como el caso de La Palma no hay muchos. Recientemente erupciones volcánicas que hayan destruido casas son las del Kilauea, en 2014 y en 2018, que destruyeron 700 casas, pero allí no hubo juicios ni reclamaciones. Hawái lo tiene súper aprendido, la reconstrucción funcionó muy bien.

PREGUNTA: ¿Hay alguna diferencia entre el grupo político del Gobierno canario anterior y el grupo actual de Gobierno en la relación con Tierra Bonita y con los afectados del volcán?

RESPUESTA: Hay dos diferencias significativas. Primero, el gobierno anterior tuvo el peso de llevar la erupción y la emergencia en su punto más problemático y les superó a todos, a la administración local y al Gobierno de Canarias, porque no estuvieron realmente a la altura. Creo que hay que hacer autocrítica. Y el Gobierno actual tenía que dar solución a la reconstrucción.

Segundo, el anterior escuchó bastante a las personas, llegó a hacer nueve borradores de ley, convocó muchas reuniones, se creó un órgano de participación ciudadana que se llamaba Revivir el Valle (financiado por la Fundación Universidad de la Laguna), se crearon muchos foros de participación. Pero llegó este Gobierno, tomó posesión en verano, en diciembre presentó un borrador de la ley que casi pasó página de lo anterior y en una semana ya era decreto, y no ha habido reuniones, solo algunas para explicar cosas y son unidireccionales.

Entonces, la gran diferencia, aparte del momento que vivieron cada uno con la erupción, es que en el actual Gobierno predominan más los silencios, no hay transparencia.

El Gobierno anterior era muy abierto a escuchar a la gente y a trasladar los avances que habían hecho los técnicos en la planificación, en las ayudas, en la compensación de los enseres… Y el actual solo ha gestionado parte de lo que ya se venía gestionando.

Lo más dramático es la Ley de Vivienda Protegida, todavía no hay ninguna vivienda ni siquiera proyectada, lo ha dicho el propio alcalde Los Llanos, que hay que esperar las licitaciones de los proyectos que llevan meses. Pues no sé, entonces, para qué está la vía de emergencia.

PREGUNTA: ¿Y en la relación con el Cabildo Insular, hay alguna diferencia entre el Gobierno actual y el anterior?

RESPUESTA: En cuanto a transparencia, el actual y el anterior están a la par. Nos preocupa mucho el silencio por parte de la administración, mucho. Los escritos que hemos presentado Tierra Bonita en distintos ámbitos (a Salud Pública, informes de gases de Puerto Naos, al IGN por informes de datos más detallados, al Cabildo por los informes de las coladas, de las temperaturas, etc.) no han recibido respuesta, todo son silencios.

Pedimos actos presuntos, que es el marco administrativo para que te respondan por qué ese el silencio, y ni siquiera responden a eso. O sea, nos obligan a ir a la vía jurídica. El Cabildo de La Palma no responde a ningún escrito.

PREGUNTA: ¿Qué administración ha realizado el mayor esfuerzo económico para la reconstrucción de la isla de La Palma?

RESPUESTA: Hay que ser justo en una cosa, lo dijo Ángel Víctor Torres: más de 900 millones de euros han caído en la isla, directa o indirectamente, incluidos los más de 200 millones del Consorcio de Compensación de Seguros del Gobierno de España. Es una cifra muy alta, pero ¿dónde están los hechos?.

La mayor parte del dinero lo pone el Estado, porque cuando el Gobierno de Canarias dio la ayuda de enseres fue porque el Estado hizo transferencias presupuestarias.  Lo mismo ocurre en el caso de los caminos de la costa, que hace poco los cedió al Gobierno de Canarias, fue una obra del Estado; el camino que abrieron luego, que era del Cabildo, se hizo porque hay un convenio Estado-Cabildo-ayuntamientos en el que el 50 % lo pone el Estado, un 25 % el Cabildo y un 25 % los municipios. El Estado es el que más dinero ha aportado para la reconstrucción de la isla.

PREGUNTA: Una de las críticas que hace Tierra Bonitaes que no está vigente el Plan de Actuación Insular Frente al Riesgo Volcánico en la isla de La Palma. ¿Puedes explicarlo?

RESPUESTA: Está el Plan de Actuación Insular Frente alRiesgo Volcánico (PAIV), pero la única isla que tiene ese plan es Tenerife. La Palma tiene un borrador que lleva más de cuatro años en un cajón y no ha salido de ahí ni siquiera con este volcán. Lo que hay en esta isla es el Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL), que es para todas las emergencias: inundaciones, oleajes… cualquier riesgo natural y no natural que pueda suponer una emergencia. Tiene un capítulo dedicado al vulcanismo que apenas han modificado. En una entrevista con el presidente del Cabildo se lo comentamos y el argumento fue que ahora la prioridad no es el PEINPAL, ni las normas, sino la reconstrucción.

Lo que ha hecho ahora el Gobierno de Canarias es unconvenio con el Instituto de Geociencias de Barcelona, del CSIC, para que elaboren un plan de riesgo volcánico para toda Canarias. Y ahí están Joan Martí y Marta López, que son dos expertos muy buenos; no es extraño que no acudieran a ninguna otra institución, como INVOLCAN, sino al CSIC, que es la que representa a España a nivel europeo en los temas de evaluación de riesgo.

PREGUNTA: ¿El Cabildo Insular o el Gobierno de Canarias os han invitado de alguna manera a participar en el debate sobre el proceso de reconstrucción de la isla?

RESPUESTA: No. Lo peor de todo es que el anterior gobierno en el Cabildo aprobó (está publicado en el BOC) el Consejo Sectorial para la Reconstrucción y Recuperación de la Isla de La Palma. Después hubo elecciones, cambió el Gobierno, y ese Consejo Sectorial se desconvocó y se olvidaron. Era un órgano muy factible, porque era un órgano de participación en el que todos los afectados, a través de representación, podían discutir incluso sobre el modelo de sociedad que querían.

Yo pedí una entrevista al presidente del Cabildo y a base de obstinación en junio de este año me la concedió. Dejé el planteamiento por escrito de una serie de demandas: participación, información, datos de ayudas, informes científicos, etc. No he recibido ni una sola línea de respuesta. Es más, en esa reunión noté que estaba incómodo y me dejó solo con la secretaria del Cabildo y un jurista, con la excusa de que ese día se comenzaba a construir la carretera de Todoque. El jurista reconoció que tenía derecho a recibir una respuesta por escrito. Cuatro meses después nada, ni una respuesta por escrito, ni una llamada, nada.

En julio cinco asociaciones del Valle de Aridane pedimos una reunión conjunta con el alcalde, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. A esa solicitud de reunión el único que respondió por escrito es el Ayuntamiento de El Paso, en dos líneas:“Estamos dispuestos a hacer esa reunión, pero estamos a disposición de lo que diga el presidente del Cabildo”. Nadie más ha respondido, ni a Tierra Bonita ni a las demás asociaciones.

En agosto yo me dirigí al vice-consejero de Recuperación Económica de La Palma del Gobierno de Canarias, Pedro Afonso, y me dice: “Estamos viendo la agenda”. Así que no, no nos han convocado. Nos han cancelado: los afectados se han convertido en números de registro.

PREGUNTA: Recientemente se celebró en La Palma un pleno del Consejo Económico y Social de Canarias.¿Cómo lo valora?

RESPUESTA: Me gustaría ver el informe que aprobaron cuando lo hagan. Pero los titulares de prensa me entristecieron. Dicen que la reconstrucción va bien, lo que no es correcto. Yo leo el informe de 2021 del Consejo Económico y Social y era un informe realista que alertaba y pedía a la administración que tuviera mucha cautela con cargar con excesiva burocracia en el afectado las responsabilidades de las soluciones. Y eso es, precisamente, lo que ha pasado. El Consejo no hace una evaluación del informe que hizo en 2021. Cuando lea el último que ha aprobado, lo veré.

PREGUNTA: Siendo licenciado en Química y Pedagogía y un profesor jubilado de Enseñanza Secundaria, ¿cuándo y por qué empezaste a interesarte por el vulcanismo y a analizar los informes científicos durante la emergencia volcánica de La Palma?

RESPUESTA: Tardé un mes y medio en prestar atención a los científicos, a empezar a hacerme preguntas, sólo veía el drama. Yo no sufría directamente daño patrimonial, pero sí un momento personal muy malo porque hacía pocos meses que habían fallecido mi mujer y mi madre con una diferencia de solo tres meses. Yo tenía un dolor muy fuerte por la pérdida; les dije a mis amigos que si yo hubiera perdido una casa no sé dónde estaría.

Cuando empecé a hacerme preguntas, a analizar bien los informes del Comité Científico, incluso llegué a tener la osadía de pedirle a un periodista que conozco que preguntase a la portavoz del Comité por qué estaban aumentando las emisiones de dióxido de carbono, porque yo me había fijado en que iban siempre en aumento hasta el final de la erupción. Y la respuesta de la portavoz fue que no sabía por qué aumentaban.

Entonces yo empecé a indagar en los documentos que publican los científicos y a hacer un máster de autoaprendizaje en vulcanismo. La parte más que me interesaba era la geoquímica y empecé a investigar los gases volcánicos (de radón, de halógeno, de cloro, de flujo…). Los informes no hablaban sino de azufre, CO2… y eran muy simples en este sentido.

PREGUNTA: ¿Cómo acabas siendo presidente de Tierra Bonita? ¿Qué interés tienes en los afectados del volcán, sin ser tú uno de ellos?

RESPUESTA: Porque iba a haber un cambio en la junta directiva y me ofrecieron formar parte de esta, porque yo me había implicado mucho en Puerto Naos. Yo empecé a investigar los gases de Puerto Naos, hice informes y estudié tanto los gases que adquirí entre los afectados cierta notoriedad. Y la gente me decía: “Pero si tú no tienes casa en Puerto Naos”. Pero tengo amigos que no podían vivir allí y le prometí a uno de ellos que me iba a meter a fondo en esto.Se requería una directiva valiente porque era el momento de decidir si querella sí o querella no. 

Entré en la junta como vicepresidente y cuando el presidente dimitió asumí las funciones por la responsabilidad de mi cargo, hasta abril de este año, cuando se celebraron elecciones y entonces asumí oficialmente el reto de la presidencia por cuatro años. No tengo ninguna motivación más allá del interés público, de ayudar a los afectados.

PREGUNTA: ¿Qué futuro les espera a los afectados por el Tajogaite, tres años después del inicio de la erupción?

RESPUESTA: La ley facilita que puedas construir en colada, pero si no tienes acceso y servicios, es un absurdo. ¿Quién se va a sentir entusiasmado con el coste que supone construir una casa en medio de un mar de colada volcánica?.

Hay gente que ha podido salir y está haciendo su casa porque tiene un “fondo de armario”. Hay gente que ha acudido a créditos, incluso que ha hipotecado esa nueva obra, porque las ayudas no le han servido, porque ha tenido que buscarse el terreno, el proyecto y todo; pero hay mucha gente que está en alquiler. Por cierto, hace unos días publicaron las ayudas de alquileres del año anterior de gente que no la había recibido porque les seguían pidiendo papeles.

Desde Diariopalmero.es queremos agradecer la buena predisposición que ha tenido Francisco Rodríguez a la hora de realizar esta entrevista, además queremos desear a él y a todos los afectados, la mejor de las suertes en este proceso de recuperación, su suerte será la nuestra.