La Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está cualificando a 33 profesionales de la plantilla del Cabildo de La Palma que reforzarán al equipo de valoración del grado de discapacidad con el que cuenta la isla en la actualidad.
En concreto, a través del convenio establecido con el Cabildo, el Gobierno ha invertido un total de 198.302 euros destinados al abono de los informes que deben emitir profesionales. Sin embargo, y en aras de garantizar una estabilidad en todo el proceso de valoración, se ha acordado con el Cabildo insular proceder a la cualificación de 15 trabajadoras y trabajadores sociales, además de 18 psicólogas y psicólogos que forman parte del personal del Cabildo, para la realización de las valoraciones del grado de discapacidad en La Palma, en los periodos que sea preciso.
“Esto permitirá que las valoraciones sean continuas, sin que unas vacaciones, una baja o cualquier circunstancia imprevista pueda influir en el ritmo de las valoraciones de cada solicitante, es evidente que cuantas más personas haya formadas, más posibilidades tendremos para atender todas las solicitudes que recibimos con mayor agilidad temporal” asegura la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce Gutiérrez, que insiste en que el objetivo es “garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía”.
La directora recuerda los importantes cambios estructurales que está implantando desde el área que dirige, como el refuerzo del personal, la creación de nuevos equipos técnicos de valoración en áreas rurales e islas no capitalinas o medidas innovadoras como la introducción de la Inteligencia Artificial en la gestión inicial de expedientes, en la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de Valoración del Grado de Discapacidad.
Dulce Gutiérrez manifestó que el primer compromiso del Gobierno de Canarias en esta legislatura se materializó con la creación de la nueva Dirección General de Discapacidad y, a partir de ahí, “las medidas adoptadas han buscado transformar estructuralmente el sistema, reducir las demoras, optimizar recursos y garantizar una respuesta más ágil, justa y accesible para las personas con discapacidad en el Archipiélago”.
Entre otras acciones, la Dirección General ha emprendido la digitalización total del procedimiento, la incorporación de inteligencia artificial y robotización de trámites, se han reforzado los equipos profesionales en colaboración con FUCAS (Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social), se ha desarrollado una aplicación móvil para la ciudadanía, y se ha tramitado el nuevo Decreto Ley de Gestión de la Discapacidad.
En este año, desde la Consejería se han destinado 4,8 millones de euros a la prevención, integración y autonomía de las personas con discapacidad a través de la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva; otros 3,3 millones a través de la convocatoria de subvenciones por el IRPF; 69.859 euros en subvenciones directas, y otros 2.618.724 euros en subvenciones nominadas para entidades sin ánimo de lucro que se dedican al apoyo familiar de las personas con discapacidad.
Otra actuación dirigida a la mejora de la accesibilidad ha sido la inversión de fondos europeos en la compra de 252 bucles magnéticos para facilitar en los organismos públicos la comunicación a las personas con déficit auditivo y la compra de 76 sillas anfibias que se instalarán en distintas playas de las Islas.
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