​Lola Padrón afirma que “hay que pedir responsabilidades” ante la falta de un plan para las personas ex-tuteladas

La Diputada del Común, Lola Padrón, participó este miércoles en unas jornadas organizadas por Fundecas en la sede de la Fundación CajaCanarias.

El evento contó con un programa repleto de expertos en la materia, y en su apertura intervinieron también el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. La mesa inaugural fue moderada por Antonio Villafaina, presidente de Fundecas.

Las jornadas tuvieron como objetivo visibilizar el impacto de las políticas migratorias en la salud, denunciar las desigualdades que generan y promover la equidad racial en el ámbito sanitario como un principio rector en dichas políticas. También se buscó establecer un espacio de diálogo y reflexión conjunta.

Durante su intervención, la Diputada del Común expresó su profunda preocupación por la situación que viven los y las jóvenes extutelados una vez cumplen los 18 años. “Son niños y niñas que, al alcanzar la mayoría de edad, deben abandonar los centros de menores y acaban viviendo en la calle”, denunció.

Recordó que actualmente está vigente la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España. Esta normativa contempla avances importantes, como la adopción abierta, el derecho al acceso a los orígenes para personas adoptadas, y el refuerzo de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, señaló que en Canarias no existe un plan específico para atender a estos jóvenes al salir del sistema, lo que los deja en una situación de total desprotección y sin documentación. “Es deshumanizante que a día de hoy no se haya puesto en marcha un programa que garantice su acompañamiento. La comunidad autónoma canaria no ha hecho su trabajo, y los menores que salen de los centros se quedan abandonados en la calle”, afirmó Padrón.

Asimismo, destacó que se están vulnerando derechos fundamentales: “Aquí hay una doble responsabilidad: del Estado, por diseñar normativas sin contemplar sus consecuencias en territorios como el nuestro, y de la comunidad autónoma, por su inacción”.

Criticó que Canarias no esté aplicando el programa de atención a extutelados de manera individualizada y advirtió que esta situación “puede convertirse en la tormenta perfecta para fomentar un caldo social de racismo y xenofobia que nuestra comunidad autónoma no se merece”.

Actualmente, según explicó, son organizaciones como Nuevo Futuro, Padre Pepe, Moebe y particulares quienes están cubriendo la atención a estos jóvenes, asumiendo una responsabilidad que corresponde a las instituciones públicas.

Necesidad urgente de amparo

“Debemos exigir responsabilidades claras, porque estamos hablando de derechos humanos. No podemos deshumanizar de esta manera a personas que llegan desde otros países y continentes buscando un futuro. La falta de respuesta institucional genera no solo problemas a estos jóvenes, sino también a los municipios donde se ven obligados a pernoctar, creando inseguridad, ansiedad y desesperanza”.

Recordó que la Ley de Infancia y Familia establece que dos años antes de que un menor cumpla la mayoría de edad, debe contar con un plan de vida individualizado. “Esto, evidentemente, no se está cumpliendo”, afirmó.

Como ejemplo, relató que el pasado viernes, unos 20 jóvenes que habían estado bajo tutela institucional fueron expulsados de los centros de menores tras cumplir 18 años, sin que se les ofreciera una alternativa habitacional ni acompañamiento digno. “Están siendo abandonados a su suerte en la calle. Esto no puede seguir ocurriendo. Son personas que necesitan y merecen amparo”.

Padrón insistió en su compromiso personal con el cumplimiento de la normativa vigente —no revisada desde 1999— y advirtió que no cejará en su empeño por exigir responsabilidades y soluciones urgentes.

De momento, tras consultar con el Ministerio, este se ha comprometido —pese a que la competencia es de la comunidad autónoma— a emitir una orden para que estos jóvenes, sin alternativas, puedan permanecer provisionalmente en centros gestionados por las entidades responsables. “Ahora le corresponde a Canarias implementar el programa de centros no tutelados y crear una red que les proporcione el amparo que merecen. No dejan de ser niños y niñas sin un plan ni recursos que les estabilice”, concluyó la Diputada del Común.