​Personal del Servicio de Protección y Prevención de Menores apelan ante la Diputada del Común por la desinstitucionalización del servicio en Canarias

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió el jueves pasado en la oficina de Tenerife con personal de la Dirección General de la Protección a la Infancia y la Familia. Estuvieron presentes Hermann Luis Dait Yanes, (psicólogo, educador y representante Sección Sindical CCOO en Consejería de Bienestar Social), Ana Delia Padilla Herrera, (psicóloga), Elizabeth Herrera Rodríguez, (administrativa y psicóloga), Luis Manuel Rodríguez Pérez, (Trabajador Social), Victor Hernández Chinea (representante de CCOO, conductor ordenanza) y Luis Miguel Tray Bousoño, Educador Social jubilado de Las Palmas de Gran Canaria. 

En marzo de este mismo año, la Diputada del Común, Lola Padrón, recibió al grupo de trabajadores que explicaron cómo estaba el Servicio de Programa de Prevención y Protección de Menores del Gobierno de Canarias y le expusieron algunas sugerencias y propuestas. Entienden que “los problemas se han acentuado desde entonces. Igual que no han respondido las cuestiones planteadas desde un principio, a nosotros tampoco nos han tenido en cuenta ni nos han planteado soluciones”.

Por otro lado, han transmitido a la Diputada del Común que su objetivo es conseguir la desinstitucionalización “para que haya más menores con familias y menos en los centros”, sin embargo, objetó Herman Dait, que están preocupados porque han detectado el inicio de contactos con “una empresa privada con sede en Madrid, que maneja más de mil millones de euros al año en obras de ingeniería, aguas, subvenciones europeas etc, entendemos que el objetivo es conseguir la desinstitucionalización, sin tener en cuenta a las dos universidades públicas Canarias, que fueron las encargadas de dibujar la Estrategia Canaria de la Infancia. Los responsables de esos equipos de las universidades, me han confirmado que ya no cuentan con ellos”.

Lola Padrón entiende que “precisamente los temas de organización de personal y el modelo de privatización sin rumbo ni orientación, es lo que está afectando a la gestión”. La Diputada del Común apoya el fortalecimiento del sistema e insiste en la necesidad del desarrollo de la Ley del Tercer Sector. “Es preciso la estabilización de personal técnico capacitado para que puedan supervizar a las empresas que reúnan determinados requisitos para trabajar con las personas menores”. A la Diputada del Común le preocupa que la gestión actual hace que las personas menores migrantes no acompañadas se vean en un abandono institucional al cumplir los 18 años.

Además, el colectivo, asegura que no se han repuesto las plazas vacantes desde diciembre “ni mucho menos se crean las suficientes para constituir los Equipos Multidisciplinares imprescindibles para tomar las decisiones importantes sobre las personas menores afectadas. Denunciamos que es muy cruel que los mismos que defienden los Derechos Humanos, cuando las personas menores no acompañadas cumplen 18 los dejan en la calle”.

El personal igualmente señala además han pedido cita con la Fiscalía de menores, “ya que tanto los escritos que se adjuntan, como lo que hemos puesto en conocimiento de la Diputación del Común, no han sido respondidos por la Dirección General. El silencio es clamoroso, la realidad afecta grave y negativamente el desarrollo de los casos que nos ocupan. Hemos sido silenciados literalmente como si no existiéramos”.

Refuerzo estructural

El colectivo ha transmitido a la Diputación del Común la necesidad urgente de refuerzo estructural del sistema de protección a la infancia y adolescencia en la comunidad autónoma. Y que se reconozca la labor del Servicio de Protección y Prevención de Menores como pilar fundamental en la defensa de los derechos de la infancia en Canarias. Según los datos facilitados por este personal a la Diputada del Común, el número total de expedientes prevalentes asciende a unas 8723 personas menores en toda Canarias. “Son resultados realmente sorprendentes” concluye Herman Dait. Esto conlleva una sobrecarga laboral y que tienen a cargo medidas de protección sin estar conformados los equipos multidisciplinares lo que les hace tomar decisiones individuales. Igualmente señalan que tienen derecho al desempeño efectivo de sus funciones y que no se está materializando, creando estrés y comprometiendo la calidad de la atención que prestan.

No dudan en destacar que “es complicado sacar datos de los menores extranjeros no acompañados, por provincia y medida”, no obstante, las cifras de las personas menores no acompañadas asciende a unos 4463 en las dos provincias. Cifra que sigue siendo muy alarmante por lo que exigen espacios no masificados, adecuados a su desarrollo evolutivo, así como protocolos adaptados a su realidad migratoria y cultural.