​Nieves Lady Barreto pide la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia

El Ministerio y el GC firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia en las islas que regula la cesión de soluciones tecnológicas ya desarrollada por el Ministerio.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha solicitado hoy al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia, recogida en la Ley estatal de Eficiencia, “con el fin de contar lo antes posible con un órgano en Canarias donde analizar conjuntamente el funcionamiento de los órganos judiciales y resolver los problemas, tanto los que competen al Gobierno de Canarias, como los que competen a los operadores judiciales, para dar una respuesta más ágil”.

En este sentido, Olmedo se comprometió a estudiar la puesta en marcha de esta Comisión, una de las herramientas que contempla la Ley Orgánica 1/2025, tanto a nivel estatal como autonómico.

Nieves Lady Barreto hizo estas declaraciones durante la firma de un convenio, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de Canarias para reforzar la colaboración tecnológica.

Este convenio permite actualizar los servicios que el Ministerio presta a la comunidad autónoma, al tiempo que facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco del proyecto de transformación digital del servicio público de Justicia.

El acto contó con la asistencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y la directora del Gabinete del secretario de Estado, Ainhoa Alday.

Con esta firma, Canarias se suma al modelo de utilización tecnológica que impulsa el Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas, como ya se hizo en febrero con el Principado de Asturias. Está previsto que próximamente se incorporen otros gobiernos regionales.

Durante el acto, el secretario de Estado de Justicia ha subrayado que estos acuerdos son esenciales para garantizar que el proceso de modernización de la Justicia llegue de forma efectiva y equilibrada a todos los territorios. Asimismo, ha reiterado la voluntad del Ministerio de seguir colaborando con todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, no solo ofreciendo soluciones tecnológicas, sino también fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional necesarios para consolidar un modelo de Justicia conectado, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva del Nuevo Modelo de Oficina Judicial y Tribunal de Instancia recogido en la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y en la nueva gobernanza digital del sistema judicial. El objetivo es garantizar una justicia más ágil, interoperable y centrada en el dato, a través de una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes.

Entre los servicios y desarrollos que podrán utilizarse en Canarias se encuentran la Carpeta Justicia como canal único de relación digital con la ciudadanía, el Sistema de Información del Registro Civil (DICIREG), el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID), el servicio de Cita Previa, LexNet (herramienta de comunicación entre órganos judiciales y operadores jurídicos), o el Hub de Interoperabilidad de Justicia.

También se incluirán soluciones avanzadas de tramitación automatizada integradas con otras administraciones públicas y otras aplicaciones novedosas relacionadas con la robotización de procesos, la textualización o la IA. Todas estas herramientas se transferirán con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma pueda adaptar y enriquecer estos servicios con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.