​El PP de El Paso consigue el respaldo del pleno municipal a su moción contra la ocupación ilegal

El Partido Popular de El Paso ha logrado el apoyo del grupo de Gobierno en la moción presentada por su portavoz, Nayra Castro, para rechazar y condenar la ocupación ilegal de viviendas. La propuesta, debatida en el último pleno municipal, fue aprobada con el respaldo mayoritario de la Corporación y forma parte de una iniciativa insular y regional del Partido Popular que se está llevando a los ayuntamientos de toda Canarias.

Durante su intervención, Nayra Castro explicó que la ocupación ilegal es “un problema real, que también afecta a vecinos y vecinas de nuestra isla, y que genera una gran indefensión para los propietarios que se ven obligados a esperar hasta dos años para recuperar su vivienda por la vía judicial”. En este sentido, recordó que la "legislación actual hace que el procedimiento sea lento e injusto; se necesita una reforma urgente que priorice el derecho legítimo a la propiedad privada y la seguridad jurídica”.

La portavoz popular denunció además que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que esta situación se agrave, Castro defiende que “desde que el PSOE gobierna España, se han ocupado más de 4.000 viviendas en Canarias, lo que supone un 76% más que durante los siete años de gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy”. En 2024, solo en las islas se han registrado 663 casos, lo que equivale a una vivienda ocupada cada 13 horas, según datos oficiales del Ministerio del Interior.

Castro quiso dejar claro que esta moción no va en contra de las familias vulnerables y subrayó que desde el Partido Popular creen firmemente en el derecho a una vivienda digna, “pero eso no justifica la ocupación ilegal de propiedades ajenas. Las administraciones públicas deben dar soluciones habitacionales, no fomentar la ocupación como alternativa”.

La moción, que fue aprobada a pesar del voto en contra del grupo socialista y con el respaldo del grupo de Gobierno tras incorporar algunas enmiendas que, aunque introducen ciertos matices, no alteran el espíritu ni el objetivo de la propuesta, plantea una batería de medidas para hacer frente de manera más eficaz a la ocupación ilegal.

Entre las propuestas presentadas en el texto se encuentra el rechazo y la condena explícita de la ocupación ilegal de cualquier vivienda o propiedad privada; la solicitud al Gobierno de España para derogar la actual Ley de Vivienda, al considerar que fomenta y protege estas prácticas; y el llamamiento a desbloquear la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal impulsada por el Partido Popular y aprobada por el Senado, que permitiría desalojar a los ocupas en un plazo máximo de 24 horas, incrementar las penas para quienes promuevan o ejecuten estas ocupaciones, y anular la posibilidad de empadronarse en inmuebles ocupados de forma ilegal. Asimismo, se aboga por la creación de juzgados especializados que puedan actuar con mayor agilidad frente a estas situaciones, reforzando así la seguridad jurídica de los propietarios y la convivencia vecinal.