Denuncian desde la Plataforma Jaraco el desamparo del Diputado del Común hacia los afectados de La Bombilla y Puerto Naos.

El pasado 7 de noviembre se convocaba a los afectados de Puerto de Naos y La Bombilla, a mantener una reunión con D. Rafael Yanes Mesa, (actual Diputado del Común), como resultado de los escritos dirigidos al mismo desde los habitantes de estas zonas costeras, en el mismo se exponían y denunciaban el abuso de poder y el desamparo que sufren los afectados por permitir la entrada a estas zonas excluidas a todo tipo de personal con absoluta libertad menos a los propietarios-afectados de dicha zona costera. 

La plataforma quedó a la espera de la confirmación de esta dicha reunión que solicitaron unos pocos vecinos en su despacho, la confirmación de la mencionada no llegó por ninguna vía. El personal de dicha plataforma volvió a contactar con el despacho del Diputado del Común para que se hiciera efectiva dicha reunión, en este caso con la presencia de los medios de comunicación convocados.

Desde La Plataforma, expusieron en una primera conversación en su despacho, la misma debía ser confirmada y a puerta cerrada con el Defensor del Pueblo, dado que un circo mediático no era necesario para reiterar las peticiones en persona, que anteriormente habían sido expuestas de forma individual por vecinos y propietarios de Puerto Naos Y La Bombilla.

Una de ellas a exponer, era que, si tan letal se muestran las medidas de los gases de CO2 que difunde el Cabildo de La Palma, porque, y de forma continua accede todo tipo de personal sin ningún tipo de protección ni prueba médica cada día de una gasometría arterial que mide en este caso la cantidad de monóxido de carbono presente en la sangre. Desde la Plataforma nos indican que han pasado dos semanas de la petición de volver a esa reunión que no se llevó a cabo, según manifiestan desde su despacho, por un mal entendido que todavía no entendemos. 

Una vez más, se comprueba desde dicha Plataforma, que para el Alto Comisionado del Parlamento de Canarias, encargado de la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad, no es prioritario la defensa de los derechos y libertades constitucionales de estos vecinos que piden amparo y supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas que gestionan de forma incorrecta esta emergencia, aunque así lo establezca la ley y deba llevarse a cabo “escuchando al pueblo” y “actuando”.