La mejora de las vías de comunicación es una demanda histórica de la comarca noroeste de La Palma, pero no por ello se deben menoscabar los derechos de los afectados. Carretera sí, pero sin atropellar a los vecinos.

El Ayuntamiento de Tijarafe aprueba una propuesta para salvar las viviendas afectadas por las obras de la carretera.

El Ayuntamiento de Tijarafe se ha posicionado desde el primer momento del lado de los vecinos afectados, poniendo a su disposición servicios de información y asesoramiento.
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Ayuntamiento Tijarafe Foto LUZ RODRIGUEZ EDIIMA20170714 0215 22


El Ayuntamiento de Tijarafe ha celebrado en el día de hoy una sesión plenaria extraordinaria y urgente al efecto de aprobar un paquete de alegaciones, tanto jurídicas como técnicas, referidas al proceso de información pública de la expropiación de bienes y derechos afectados por la mejora de la LP1 a su paso por el municipio de Tijarafe, iniciado el pasado 15 de diciembre y que culmina mañana viernes 15 de enero. 



En este sentido, el Ayuntamiento de Tijarafe alega, entre otras cuestiones la falta de información sobre este proyecto y sus afecciones que han sufrido, no solo los vecinos, sino la propia institución municipal, con la lógica indefensión que ello supone.Así mismo, en la misma sesión plenaria, se ha acordado también trasladar a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias una propuesta elaborada por el Ayuntamiento de Tijarafe de una nueva delimitación de la línea límite de edificación en núcleos poblacionales para la LP1, en su tramo LP-118 –Tijarafe. 


Dicha nueva delimitación pretende disminuir lo máximo posible los perjuicios de las expropiaciones y permitir que todas aquellas construcciones, que no sean afectadas por el trazo de la carretera, puedan seguir siendo disfrutadas por sus propietarios. Esta propuesta será elevada a la propia Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias que es, en última instancia, la que decidirá si acepta o no esta solución al actual problema derivado del proceso de expropiaciones.


El Ayuntamiento de Tijarafe ha puesto todos los medios a su alcance para defender los intereses de sus vecinos desde que se anunciara el pasado mes de diciembre la expropiación forzosa de una treintena de edificaciones en el municipio, derivadas de la inminente ejecución de las obras en la carretera LP1. Tras la puesta en marcha de un servicio de atención personalizada, la contratación de un servicio jurídico específico para este asunto y la celebración de una reunión informativa con el Director General de Infraestructura Viaria, este mismo jueves todos los grupos que conforman el Ayuntamiento de Tijarafe han aprobado, en pleno extraordinario, las alegaciones a la exposición pública del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto de acondicionamiento de la LP1, en su tramo LP118-Tijarafe.


Tras el asesoramiento jurídico que el Ayuntamiento de Tijarafe ha recibido, esta administración entiende que el anuncio del Director General de Infraestructura Viaria, por el que se somete a información pública el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de este proyecto, incumple el artículo 18.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, ya que únicamente se pueden formular alegaciones para subsanar errores materiales de los bienes y derechos afectados.



Esta restricción produce una indefensión, con el consecuente vicio de nulidad, porque no se da oportunidad a los interesados a alegar sobre la expropiación, el proyecto ni la declaración de ocupación. Debido a esto se solicita, en las alegaciones que presentará el Ayuntamiento, retrotraer el expediente al momento anterior y, en consecuencia, someterlo de nuevo a información pública cumpliendo, esta vez sí, con las consideraciones jurídicas alegadas.


Además, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, al igual que cualquier otro organismo público, no puede ir en contra de lo que ha reconocido previamente. Pese a que se sostiene que todas las edificaciones situadas dentro de los ocho metros de dominio público serán expropiadas y derribadas, este hecho no deja de ser contrario a lo que ha ocurrido en otras obras en Canarias, donde la Consejería ha permitido que aquellas edificaciones establecidas en el interior del dominio público continúen siendo ocupadas por sus propietarios, sin necesidad de derribarlas. Ejemplo de ello es la propia obra de la carretera del sur de la Isla de La Palma, donde se ha dado la circunstancia de que diversas edificaciones, incluidas dentro de los ochos metros mencionados, han quedado indemnes.


Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, afirma que “aun reconociendo que la mejora de nuestra principal vía de comunicación ha sido, es y será una reivindicación justa y primordial, no vamos a permitir que su ejecución vulnere los derechos fundamentales de los vecinos afectados por este proyecto. Creo sinceramente que en todo este proceso para llegar al momento de empezar las obras, que se ha extendido por más de 5 años, ha faltado comunicación y trasparencia por parte de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, tanto hacia los vecinos como hacia el propio Ayuntamiento de Tijarafe.



Si se hubiera tramitado de manera pública la aprobación de este proyecto nos hubiéramos ahorrado muchos sinsabores y preocupaciones. No obstante, seguimos confiando en la buena predisposición mostrada por los actuales responsables de la Consejería de Obras Públicas para minimizar al máximo los perjuicios que la ejecución de esta obra tan necesaria pueda causar a nuestros vecinos y al municipio de Tijarafe”.


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