Medio Ambiente logra el respaldo del Gobierno canario para poner en marcha un programa de control del arruí en La Palma.

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, dirigida por María Rodríguez, ha logrado la colaboración de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para la puesta en marcha de un programa de control del arruí (Ammotraguslervia) en la Isla.

Un programa que, como ha indicado la responsable del área de Medio Ambiente, María Rodríguez Acosta, fue solicitado por el departamento que dirige al Ejecutivo autonómico y que se prolongará hasta finales del año 2021, con el objetivo de hacer frente a la amenaza que esta especie exótica invasora representa sobre las especies de flora amenazada y la conservación de sus hábitats.

Tal y como destacan desde el Servicio de Medio Ambiente, la afección está siendo muy importante en ecosistemas únicos como el hábitat de cumbre, afectando a especies amenazadas, en áreas dentro de espacios naturales protegidos de alto valor ecológico como pueden ser el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, los Parques Naturales de Cumbre Vieja y Las Nieves, o la Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía.

Esta situación se ha visto agravada con la sequía de los últimos años y ha llevado a que estos herbívoros se internasen en fincas agrícolas, con graves daños en los cultivos y las consecuentes pérdidas económicas para sus propietarios. Además, se han detectado afecciones, acelerando los procesos erosivos, sobre infraestructuras hidráulicas de primer orden, como el canal de Marcos y Cordero, o algunas vías de la Red de Senderos de La Palma.

Cabe recordar que el arruí está considerado como una especie exótica invasora según lo recogido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. Este documento establece que se considerarán como tal aquellas especies y subespecies que constituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir, una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del patrimonio natural.

Por lo tanto, esta actuación está perfectamente fundamentada en cumplimiento de la normativa legal vigente, puesto que este mismo Real Decreto, al amparo de lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, especifica que las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo.

La consejera de Medio Ambiente ha agradecido la sensibilidad del Gobierno de Canarias para colaborar con La Palma ante esta grave problemática ambiental que sufre la Isla, que constituye una de las grandes amenazas para la conservación de la biodiversidad insular.