El desalojo de viviendas por impago de hipotecas se redujo un 92% entre abril y junio en Canarias

​Los lanzamientos bajaron un 83% en las Islas durante el confinamiento

Los procesos instados por personas físicas que se declaran en concurso de acreedores se incrementaron un 84% en el Archipiélago
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Palacio Justicia Santa Audiencia Provincial EDIIMA20170210 0318 40


Los lanzamientos (desalojo de inmuebles ejecutado por orden judicial) se redujeron en un 83% en Canarias durante el segundo trimestre del presente año en comparación con el mismo periodo de 2019, en la mayoría de los casos a causa de la virtual paralización de la actividad judicial durante la alerta sanitaria causada por la Covid-19.



El confinamiento de la población se inició el 15 de marzo y se mantuvo vigente hasta el 21 de junio. La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tuviera unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.


La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha difundido hoy el primer informe que alude a los efectos de estado de alarma sobre la Justicia durante la crisis sanitaria. Según el análisis “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” referido al segundo trimestre de 2020, los lanzamientos derivados de ejecuciones por impago de la hipoteca disminuyeron un 92,1% en Canarias, la misma cifra que en el conjunto del territorio nacional.


En detalle, los órganos judiciales del archipiélago canario llevaron a cabo entre abril y junio de este año un total de 49 lanzamientos, un 83% menos que en el mismo periodo de 2019, trimestre en el que se habían desalojado en ejecución judicial por impago de hipoteca o deuda de alquiler 288 viviendas.


Específicamente en lo que se refiere a lanzamientos derivados del impago de cuotas hipotecarias, los juzgados isleños verificaron durante el confinamiento un total de 17 lanzamientos, frente a los 214 que habían llevado a fin en el segundo trimestre de 2019, lo que supone un descenso del 92,1%.


Por provincias, en Las Palmas se ejecutaron entre abril y junio de este año un total de 30 lanzamientos, lo que supone una disminución del 93,8% en comparación con el mismo periodo de 2019, cuando se verificaron 485 desalojos.


La disminución en la provincia de Santa Cruz de Tenerife referida a los lanzamientos fue del 91,4%: 36 en la pasada primavera, frente a los 419 del segundo trimestre del año anterior.

En Las Palmas, los lanzamientos ejecutados concretamente por impago de la hipoteca bajaron un 92% (8 frente a los 107 del periodo de estudio en 2019), y en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron en un 91,6%, (9 frente a 107).



`Okupas´


Los juicios verbales por ocupación ilegítima de vivienda también experimentaron una reducción, si bien no tan notable como la de los casos de lanzamientos: de 49 plenarios en el segundo trimestre de 2019 en los juzgados canarios, se pasó a 35 en el mismo periodo del presente año.


Despidos


Entre abril y junio del presente año, los órganos judiciales de la jurisdicción social en el Archipiélago incoaron un total de 2.180 procesos por despido, lo que supone un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2019, cuando se computaron 2.262 casos.


Por provincias, en Las Palmas se vieron 1.341 demandas (un 4,8% menos que en el segundo trimestre de 2019, 1.409 casos) y en Santa Cruz de Tenerife se incoaron 839 procesos, un 1,6% menos que en la primavera de 2019 (853).


Concursos de acreedores


La presentación de concursos de acreedores experimentó una bajada del 60% en las islas durante la vigencia de la suspensión de los plazos procesales por el estado de alarma: si en el segundo trimestre de 2019 se habían computado 45 en todas las Islas, en el mismo periodo de este año la incoación bajó a 18 casos. Cabe señalar que entre enero y marzo de 2020 estos procedimientos se habían incrementado en un 70,4%, de 27 a 46.


Por provincias, en Las Palmas la evolución fue del -73,3% (de 30 casos en el segundo trimestre de 2019 a 8 en el mismo periodo de este año), y en Santa Cruz de Tenerife la reducción se mantuvo en el 33,3%: 15 casos entre abril y junio de 2019 y 10 en el mismo periodo del presente año.



Más personas físicas en bancarrota


Por el contrario, el informe trimestral del servicio estadístico del gobierno de los jueces sí evidencia en lo referido a la actividad judicial en Canarias un sensible aumento de los casos en los que personas naturales (esto es, no empresas, sino particulares o cabezas de familia) se declararon en concurso durante el confinamiento: 70, frente a los 38 que lo habían hecho en el segundo trimestre de 2019, lo que implica un incremento de 84,2%


Desglosado por provincias, el dato indica que en Las Palmas se declararon en concurso o quiebra durante el segundo trimestre de este año 35 personas (un 59,1% más en comparación con los 22 que lo hicieron el segundo trimestre de 2019), mientras que en Santa Cruz de Tenerife lo hicieron 35, un 118% más que entre abril y junio de 2019, cuando acudieron a la concursal 16 personas físicas.


Expedientes de regulación de empleo


Siempre según las estadísticas oficiales de los juzgados, los órganos de la jurisdicción social de las islas incoaron durante el segundo trimestre de 2020 cuatro procesos por presentación de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), frente a un único proceso que se había abierto en el mismo periodo de 2019, todos ellos en la provincia de Las Palmas.



Datos nacionales


En todo el territorio nacional la actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19. La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.


Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020. El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6% inferior al del mismo trimestre de 2019, siempre según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial.


El 73,2% de los lanzamientos (1.013) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 300 (el 21,7%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 70 restantes obedecieron a otras causas.



La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 92,1%, y ya van 20 trimestres consecutivos de disminuciones; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 89,8%, siendo el quinto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.


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