​El Diputado del Común solicitará oficialmente al Ayuntamiento de Granadilla los informes sociales necesarios para evitar los desahucios del sur

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha comprometido esta misma mañana, durante la reunión mantenida con los portavoces del colectivo Montaña Clara, a solicitar oficialmente ante el Ayuntamiento de Granadilla de Abona la realización de los informes sociales pertinentes de cara a evitar los desahucios, previstos para estos días. “Sin esos informes es inviable actuar ahora mismo, desde la Diputación me comprometo a dar salida con carácter de urgencia al requerimiento oportuno dirigido al Ayuntamiento de Granadilla para conocer cada caso de forma individualizada para ver las opciones y el margen de actuación que se puede tener”, especificó Yanes.

Montaña Clara, colectivo vecinal del municipio de Granadilla de Abona y abanderado de esta casusa social, ha trasladado su “preocupación” y ha tildado de “situación límite” la que viven muchas familias del sur de la Isla de Tenerife. Según los informes aportados, en torno a 900 familias podrían perder su hogar en los próximos meses. “Es urgente que se tomen cartas en el asunto porque los juzgados han reactivado su actividad y ya contamos con casos extremos. Ahora mismo nos preocupa la situación de una madre, con menores a cargo, que este mismo jueves se puede ver sin un techo para su familia”, ha especificado Israel Ojel Miranda, fundador de la plataforma y portavoz de la misma. Durante la reunión han estado presentes, además, Óscar López Artiles, Yohana Rodríguez Trujillo y Mariola González Navas, como miembros de la plataforma.

Esta batalla legal, iniciada por este colectivo desde hace más de siete años, tiene como único objetivo mantener las viviendas y evitar la especulación actual que, como vienen denunciando ante las autoridades, se está realizando. “No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, no se trata de eso. Hay que distinguir entre el fenómeno okupa, que existe en la zona, y la realidad que nosotros venimos a exponer hoy aquí. La clave para evitar estos desahucios está en la realización de los pertinentes informes sociales que debe realizar el Ayuntamiento de Granadilla y eso es lo que exigimos para poder dar una salida digna a las familias”, añadió Ojel.

Según ha manifestado el portavoz vecinal, desde el colectivo se ha solicitado en reiteradas ocasiones a dicha institución municipal que se dé “prioridad” a dichos informes sociales. “Ante esta situación de desamparo hemos optado por llevar a cabo la realización de estos estudios socioeconómicos a través de Base 25, proyecto social tutelado por Cáritas y cuyos informes están avalados por el Cabildo de Tenerife. Esta es la única forma legal a la que nos hemos podido agarrar para no dejar tirados a nuestros vecinos pero es necesario que desde el Ayuntamiento esto empiece a funcionar”.

El colectivo también ha hecho hincapié en la actual crisis económica, generada por la Covid 19, y su grave repercusión en la zona sur tinerfeña, dependiente del monocultivo turístico. “Esto va ir a peor porque muchas familias dependen del turismo y la gran parte está en Erte y con miedo a no volver a incorporarse a sus puestos de trabajo”, añadió.

130 posibles desahucios

Una vez presentado el requerimiento oficial por parte de la Diputación del Común el Ayuntamiento de Granadilla de Abona dispondrá de 15 días para dar una respuesta sobre el asunto consultado. Será a partir de ahí cuando los vecinos del colectivo de Montaña Clara podrán llevar a cabo los trámites pertinentes.

Esta lucha vecinal abarca más allá del término municipal de Granadilla, haciendo extensible sus reivindicaciones a los municipios de Adeje y Arona, núcleos poblaciones con una fuerte presión demográfica y con un suelo urbano con valor en alza. Factores, que para Montaña Clara, han sido determinantes a la hora de provocar la especulación con las viviendas, muchas de ellas públicas. “En 2008 ya lo vimos y ahora volvemos a ser testigos de esta injusticia, el Sareb cuenta con vivienda vacía y es necesario que esta se recupere, se cree una bolsa real de vivienda pública y se oferte a los canarios/as”, puntualizó Ojel.

Según los informes aportados por el colectivo a lo largo de los próximos meses es posible que se produzcan hasta 130 desahucios en el sur de la Isla.