​El Cabildo firma con el Gobierno de Canarias el convenio de servicios de atención a personas dependientes y con discapacidad

El Cabildo ha solicitado recientemente al Gobierno de Canarias, a través de una declaración institucional, que este convenio que hoy se ha firmado, se materialice el próximo año antes de que comience el último trimestre del año.
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El Cabildo de La Palma  y el Gobierno de Canarias han firmado la Adenda Cuarta de Modificación y Prórroga del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para la prestación de Servicios a Personas en Situación de Dependencia, y en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad; y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho de prestaciones que da cobertura al incremento de la anualidad corriente 2022 y al importe de la anualidad futura 2023.


La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, explica que esta firma prorroga la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, tanto los gestionados directamente por el Cabildo insular, como los conveniados con los ayuntamientos o con entidades sociales, y también para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, hasta el 31 de diciembre de 2023.


“Este acuerdo es primordial para para la atención de los usuarios dependientes y para aliviar el día a día de las familias palmeras, ya que permite el buen hacer y desarrollo de los trabajos que se realizan en residencias de mayores y para personas con discapacidad, hogar funcional, centros de atención diurna, servicios de atención temprana, teleasistencia, servicio de atención a domicilio para personas dependientes, centros de rehabilitación psicosocial y plazas tuteladas para personas con problemas de salud mental, de ahí la necesidad de que en años venideros se formalice este convenio antes de que comience el último trimestre del año correspondiente”, enumera Hernández.


El nuevo convenio recoge también otras necesidades en materia de atención a personas dependientes y con discapacidad, como son el aumento del número de personas dependientes que se beneficiarán del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) gestionado por los ayuntamientos; el aumento de plazas de teleasistencia; el incremento de plazas de Promoción de la Autonomía Personal (PAP) para Discapacidad Intelectual (DI) , para dar respuesta a personas con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años, y la creación de 12 plazas residenciales para personas con discapacidad con necesidad de tercera persona.


Nieves Hernández explica que esta última agregación es “un proyecto piloto en el que se facilitarán los apoyos a estas personas para que puedan vivir en la comunidad en un recurso centrado en las necesidades de cada una de las personas”.


Para la anualidad de 2023, este convenio ve incrementada su cuantía con respecto a la anualidad 2022, cantidad que dará respuesta tanto a los servicios y como al coste del personal previsto para realizar las actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, con un total de 26.154.702,55 euros, de los cuáles 19.739.259,37 € es aportación de la comunidad autónoma y 6.415.443,55 €.

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