El Gobierno da a conocer a los seis ayuntamientos de La Palma la distribución de los FCFM.

Este montante se distribuye en función de criterios de población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%)
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05 211223 Gobcan Consejo


El Consejo Municipal de Canarias, reunido esta semana y presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha sido informado de la distribución de los 291.899.473 euros correspondientes al Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) de 2022, aprobada por el Consejo de Gobierno de Canarias el pasado 28 de abril.


Del total de la cuantía, 288.980.478,27 euros se han repartido entre los 88 municipios canarios y el 1% restante, 2.918.994,73, se ha destinado a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), tal y como establece la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del FCFM.


La normativa reguladora del Fondo establece que una parte del importe se les anticipará a los municipios una vez que el Gobierno canario apruebe la distribución, y el resto, mediante un pago final que se efectúa una vez que los mismos hayan tomado en consideración las auditorías realizadas sobre el ejercicio anterior y que la Administración las haya aprobado de manera definitiva.


El importe destinado a los distintos municipios se distribuye en función de criterios de población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%).


Por islas, de los 288,9 millones a repartir entre los municipios, un total de 113,1 millones serán para los 31 municipios de Tenerife, 102 millones para los 21 municipios de Gran Canaria, 21,8 para los siete de Lanzarote, 21,2 para los seis ayuntamientos de La Palma, 17,8 para los seis de Fuerteventura y 8,6 para los seis municipios de La Gomera. Los 4,1 millones restantes se distribuirán entre los tres municipios de El Hierro.


El FCFM tiene por objeto dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero y, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, para inversión o ayudas de emergencia social –en determinados casos–, así como para gastos de libre disposición.


El Consejo Municipal de Canarias, compuesto por un número igual de representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las administraciones municipales, tiene entre sus competencias la emisión de propuestas, informes, dictámenes y pareceres acerca de los criterios previstos para la efectividad de la coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la de los municipios canarios.


En particular, las propuestas o iniciativas en materias que afecten a la Administración municipal, la regulación del Fondo Canario de Financiación Municipal y de los recursos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la planificación general de las inversiones y subvenciones con incidencia municipal, así como cualesquiera otras funciones que le atribuyan legal o reglamentariamente.


Además de la distribución del FCFM, en la reunión se aprobaron las normas de funcionamiento interno del Consejo Municipal de Canarias y de los grupos de trabajo y se analizó el informe sobre el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias. Este último asunto fue tratado también en la sesión del Consejo de Colaboración Insular, celebrada previamente bajo la presidencia de Julio Pérez.


Corresponde al Consejo de Colaboración Insular el ejercicio de cuantas competencias se le atribuyan por el ordenamiento jurídico como órgano de colaboración y cooperación permanente entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares, las cuales se ejercen mediante la adopción de acuerdos, emisión de informes y propuestas, y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de colaboración y cooperación.


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