​Funcasor denuncia la situación de las intérpretes de lengua de signos española en Canarias.

El ámbito profesional de la interpretación de la lengua de signos española en la Comunidad Autónoma de Canarias, sufre desde hace algún tiempo una situación preocupante en lo que al número de profesionales disponibles se refiere.

Esto se ha debido, por un lado, a la migración de profesionales a otros ámbitos laborales y por otro, el que más ha influido, la derogación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Interpretación de la Lengua de Signos Española y Guía Interpretación para Personas con Sordoceguera, que hasta 2017, era la acreditación necesaria para ejercer esta profesión tan importante para las personas con sordera usuarias de la lengua de signos.

En 2017 desaparece el Ciclo Formativo de Grado Superior que formaba a las Intérpretes de Lengua de Signos Española y aparece el CFGS de Técnico en Mediación Comunicativa, que, si bien forma en lengua de signos española, no es válido, ni habilita, para ejercer la interpretación. Al mismo tiempo, surge el Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda, que sí capacita para esta profesión, pero que se imparte de forma exclusiva en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Esta situación deja a Canarias, como región ultraperiférica, sin nuevas promociones de profesionales del sector, generando desde hace más de 4 años un problema continuo para cubrir la creciente demanda de profesionales, llegando incluso a quedarse puestos de intérprete de lengua de signos española, sin cubrir vacantes.

Muchas profesionales con esta titulación han decidido enfocar su vida laboral hacia otros ámbitos laborales, debido a las frágiles condiciones laborales que de manera general han sufrido a lo largo de los años como son: la temporalidad e inestabilidad de los contratos, formas de pago y retrasos en los mismos, bajas laborales, tarifas de servicios dispares, jornadas reducidas, etc. Todo esto unido a la escasez de nuevas promociones de intérpretes, y a una mayor sensibilización de la sociedad en general en relación a la atención a las personas usuarias de la lengua de signos, hace que actualmente queden sin cubrir incluso puestos de jornada completa con un salario digno estipulado según convenio. En el caso de las islas menos pobladas esta realidad se hace más preocupante.

Es fácil imaginar cómo esta situación afecta a las personas con sordera residentes en Canarias, que utilizan la figura profesional de la intérprete de lengua de signos española para acceder a la formación y a la información en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Especialmente, en un mundo “pandémico” donde a día de hoy sufren una doble barrera de comunicación agravada por el uso de las mascarillas.

Desde Funcasor, queremos hacer constar nuestra preocupación por esta situación y expresar que es vital para las personas con sordera usuarias de la lengua de signos, que las universidades abran su formación de grado a estas profesionales. Esta escasez de intérpretes de lengua de signos española terminará haciendo inviable que las administraciones públicas canarias, los centros educativos e incluso las empresas en las que hay integradas personas con sordera, puedan cumplir la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce el derecho al uso de las lenguas de signos españolas, convirtiendo a las personas con sordera en ciudadanos y ciudadanas de segunda, cuyos derechos no son respetados.