​La Diputación del Común y el Defensor del Pueblo se coordinan en materia de Violencia Vicaria.

​Rafael Yanes y la adjunta de Igualdad, Beatriz Barrera, se reúnen con Francisco Fernández Marugán para establecer líneas de actuación ante casos de Violencia Vicaria.
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El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, mantuvieron una reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, con la letrada y técnico especialista en Violencia de Género, Ana Ovejero, y con el jefe de gabinete, Francisco Virseda.



Se trató de una reunión de coordinación en la que ambas instituciones compartieron sus principales líneas de actuación para tratar aquellos casos de Violencia Vicaria y defensa del menor.


En este sentido, la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común expuso las actuaciones que llevará acabo para luchar contra este tipo de violencia de género. De esta forma,pondrán en conocimiento de Fiscalía y del Consejo General del Poder Judicial aquellos casos quelleguen a la Institución sobre esta materia. Además,se actuará a través de la supervisión del funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiarcon el fin de mejorar el sistema y detectar cualquier fallo en el mismo.


Asimismo, la adjunta informó sobre las actuaciones realizadas desde la Adjuntía en los Institutos de Medicina Legal, y aseguró que tanto la Diputación del Común como el Defensor del Pueblo disponende herramientas para prevenir y luchar contra la Violencia Vicaria.


Por su parte, el Defensor del Pueblo trasladó tres focos principales de acción, entre ellos, la mejora de los mecanismos de detección del riesgo cuandoafecte a menores. Así, se pretende conseguir un sistema de detección específico adaptado a la realidad de estos menores en la que sean atendidos no solo por funcionarios especializados de la policía y de la guardia civil, sino también por otros profesionales que están en contacto directo con estos niños y niñas, como pueden ser educadores y psicólogos escolares o los propios servicios de atención a la mujer de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos quienes conocen las circunstancias de la familia y, por ende, la del menor en cuestión.


Otro de los puntos claves a tratar es el de la formación de todos los profesionales implicados en el mecanismo de atención a las víctimas, desde los técnicos hasta los trabajadores de las oficinas deatención de los juzgados. Una formación adaptada para obtener informes fieles a la realidad vivida por el menor, que son de los que, posteriormente, se nutre el sistema para imponer medidas cautelares más o menos restrictivas y que son determinantes para los casos de violencia y para la adopción de medidas de protección para la guardia y custodia de estos menores.



Finalmente, se destacó la importancia de que el Ministerio Fiscal pueda detectar el riesgo e intervenir en estos casos, hecho que afectaría a los protocolos de Violencia Vicaria o a la Guía de Buenas Prácticas de la propia Fiscalía General del Estado.


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