​La dirección del CAMP Reina Sofía de Tenerife vulnera la Orden autonómica que regula las salidas, pernoctas y reingresos de las personas con discapacidad que tienen plaza residencial

La Plataforma Madres por la Discapacidad condena la imposición de un aislamiento forzado de diez días para uno de los usuarios de este recurso público. Inmaculada González, portavoz de Madres por la Discapacidad, ha condenado el aislamiento forzado de diez días que la dirección del centro del CAMP Reina Sofia de Güimar, en Tenerife, pretende imponer a su hijo Samuel, vulnerando sus derechos fundamentales. 

El reingreso en el Centro previsto para el lunes 5 de abril está condicionado por una decisión arbitraria y desobedeciendo la Orden conjunta de las Consejerías de Sanidad y Derechos Sociales, por la que se actualizan las medidas de prevención aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la vacunación. 

González, que ha solicitado mediación y amparo a ambas consejerías, ha querido agradecer el compromiso e interés de los responsables del área de Salud Pública y de la Viceconsejería de Derechos Sociales, lamenta que "la dirección de un centro, de forma absolutamente unilateral, despótica y arbitraria, infrinja la orden que regula las visitas, salidas, pernoctas y reingresos de los usuarios vacunados e inmunizados contra la COVID-19 tras pasar unos días en el domicilio familiar. 

La portavoz de la Plataforma Madres por la Discapacidad, explica que "esta norma, largamente esperada, supuso la culminación a un intenso trabajo de colaboración con las consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, facilita la recuperación de los vínculos socio familiares truncados desde el comienzo de la pandemia y supone la introducción de medidas de alivio en un colectivo severamente castigado por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. 

Desde la Plataforma Madres por la Discapacidad, que el próximo miércoles interviene en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, recuerdan que "en su desarrollo, la orden introdujo una distinción crucial al agrupar a los residentes entre vacunados y no vacunados, suprimiendo un buen número de limitaciones que venían afectando indebidamente a aquellos usuarios que ya completaron su ciclo de inmunización. 

La norma viene a aplicar el sentido común al eliminar las PCR y los aislamientos tras el retorno a los centros desde el domicilio familiar". Relata Inmaculada González que "la semana pasada comunicó por correo la solicitud de reingreso de su hijo al centro, tras pasar unos días en el domicilio recuperándose de una dolencia leve y siguiendo pauta médica ambulatoria. En respuesta a su petición, la dirección del Centro, en actitud de manifiesto desacato con la Orden regional, exige un aislamiento de diez días así como la realización PCR previa al reingreso, aspectos ambos derogados con esta publicación.

Tanto la Dirección General de Salud Pública como la Dirección General de Servicios Sociales entienden que esta decisión incumple los preceptos desarrollados en la Orden al reinterpretar discrecionalmente una norma "diáfana y bastante explícita", señala González. "No comprendo qué interés puede tener la Administración insular en destrozar los vínculos familiares de personas que supuestamente tiene bajo su protección. Tampoco comprendo cómo han podido mantener encerrados a chicos que no han pisado el exterior desde hace más de un año, sin implementar medidas que alivien un poco su situación, un hecho que se sigue produciendo de forma reiterada". 

La madre de Samuel asegura que "no puedo transigir ante la vulneración de los derechos que asisten a mi hijo, ni con la conculcación de normas que nos obligan a todos. Ya ha pasado por 4 aislamientos este año y ha pagado las consecuencias con su salud. No estoy dispuesta a ponerlo de nuevo en riesgo ni a ser cómplice de acciones negligentes o de dudosa profesionalidad, ni a que aquellos que supuestamente lo debían proteger, atenten deliberadamente contra unos derechos reconocidos por ley”