​Transición Ecológica saca a consulta pública la Ley de Biodiversidad y de Recursos Naturales de Canarias.

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias pondrá en marcha, a lo largo del mes de septiembre, el primer proceso de consulta pública de la Ley de Biodiversidad y de Recursos Naturales de Canarias, con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación, para lo que dispondrá de un plazo de 45 días hábiles.

El consejero responsable del área, José Antonio Valbuena, solicita a la población que “tome parte activamente en el proceso de elaboración e incorporen sus propuestas y sugerencias a la ley, de forma que sea lo más eficaz y participativa posible”.Destaca la importancia que tiene la elaboración y aprobación de esta normativa como “instrumento para proteger y preservar la riqueza del patrimonio natural de nuestro Archipiélago y conseguir hacer un uso responsable y sostenible de los recursos con los que contamos”. Asimismo, sostiene que esta legislación es “necesaria para lograr un equilibrio entre el desarrollo económico de las islas y la conservación de la biodiversidad”.“Nuestro objetivo es acabar con la maraña normativa y competencial, de forma que se garantice una regulación armonizada, coherente y estructurada de todo lo que afecte al patrimonio natural y los recursos naturales del Archipiélago, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto actual”, explica el consejero.

Valbuena recuerda que esta ley forma parte de las novedades legislativas en las que está trabajando su departamento y entre las que también se incluye otras normas como son la del Cambio Climático; la de Economía Circular; la de Reforma de la Ley 4/2017 del Suelo y los Espacios Naturales, y la de Agilización Administrativa.

La nueva norma tiene entre sus prioridades la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística; la reorganización administrativa y competencial en materia de biodiversidad en Canarias, y la incorporación de directrices y condiciones de carácter medioambiental en los pliegos que han de regir las licitaciones y contrataciones de obras y servicios, promoviendo y priorizando la contratación pública responsable.

Además, la ley busca potenciar el conocimiento, educación, participación y concienciación de la biodiversidad y su importancia para la salud y la economía, así como la elaboración de protocolos de acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana en materia de medioambiente.Esta iniciativa legislativa se sitúa en el marco de las nuevas estrategias sobre biodiversidad que están impulsando Naciones Unidas y la Unión Europea, adaptándolas a las especiales características de Canarias como territorio insular y por su condición de región ultraperiférica.