​La Adjuntía de Igualdad aboga por la protección integral de las víctimas de acoso sexual

La adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, se reunió con la diputada y presidenta de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Sandra Domínguez, que presentó una queja por la “inactividad” del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ante la petición del Instituto Canario de Igualdad (ICI) “de retirar las competencias del concejal incurso en una querella por acoso sexual”.

Dentro de las competencias de la Institución consta la incoación de cualquier investigación, que esté dirigida a esclarecer los actos y las decisiones adoptadas por los organismos de la Administración Pública en sus relaciones con los ciudadanos. Sin embargo, “una vez que el caso en cuestión está pendiente de resolución judicial, la Diputación del Común pierde toda capacidad de actuación, que es lo que sucede en esta ocasión”, tal y como argumentó Barrera.

No obstante, la adjunta destacó la importancia de tratar el asunto de fondo, “ya que el tipode comportamiento denunciado puede ocurrir en cualquier momento y, de hecho, ocurre”. Por ello, “debemos tener en consideración a la presunta víctima, que se ha sentido lo suficientemente empoderada como para dar el paso y denunciar, aspecto que por desgracia no siempre es así”. De esta forma, la Adjuntía de Igualdad ve necesaria la prevención y la protección integral de estas víctimas no solo en el ámbito laboral, sino en todas las esferas.

A pesar de que este caso particular no corresponde ser abordado por la Diputación del Común por estar judicializado, la adjunta resaltó la labor de la Institución en la atención a mujeres y víctimas de violencia de género, con el fin de apoyarlas ante cualquier conflicto que se produzca en el ámbito de la Administración Pública.

Por su parte, Domínguez considera necesario plantear una modificación legislativa para que este tipo de acciones y medidas cautelares promovidas por el ICI, tengan unos efectos administrativos “ya que ahora mismo son tratadas como sugerencias y no tienen carácter resolutorio”. Es por ello que asegura “se debe fortalecer la figura del Instituto Canario de Igualdad y hacerlo eficaz en cuanto a sus acciones, convirtiéndolo en un arma más de la que disponen las mujeres que sufren o puedan sufrir este tipo de actos y conseguir ampararlas administrativamente” .