​La Plataforma de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria piden amparo a la Diputación del Común por “maltrato institucional continuado”

Foto; Reunión entre los afectados y la Diputada del Común 

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió este jueves junto al secretario, Lázaro Brito, la adjunta Ana de León y la coordinadora del personal asesor, María Afonso, con representantes de la Plataforma de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria en Canarias. La portavoz de la plataforma, vía online, Vanessa Díaz, aseguró que la situación de sobrecarga asistencial “inasumible” se suma la continua carencia de recursos humanos y materiales, la burocratización excesiva y la ausencia de reconocimiento profesional.

Sin embargo, añadió que el “elemento profundamente desmotivador y destructivo, que es el maltrato institucional continuado al que estamos siendo sometidos. Ya no podemos seguir soportando este desprecio a nuestros derechos laborales y humanos. Esto está afectando a nuestra salud. Nos sentimos menospreciados, abandonados. Algunos profesionales médicos están experimentando situaciones de aislamiento laboral por parte de compañeros que se estabilizan, lo que está generando un clima de trabajo insano y perjudicial”.

La Diputada del Común tras escuchar las quejas presentadas y conocer de primera mano la situación que están viviendo este colectivo sanitario, aseguró que se debe “respetar el derecho a la carrera administrativa para garantizar su movilidad”. Lola Padrón considera necesario que la Administración convoque un concurso de traslados “que está congelado desde hace 17 años en nuestra comunidad”. 

La portavoz, Vanessa Díaz, indicó que precisamente esa circunstancia conlleva un triple perjuicio: “Por un lado, un daño indirecto, ya que nos impide acceder a las mejores plazas al no haberse convocado previamente un concurso de traslado. Esto da lugar a una paradoja inaceptable. Profesionales que no superan la OPE de 2007 o que ni siquiera se presentaron consolidarían plazas mejores que quienes sí lo hicimos, ya que se están blindando los mejores puestos al proceso de estabilización sin haber ofrecido a los fijos la oportunidad real de optar a ellos. 

En segundo lugar, un daño directo y gravísimo, ya que se nos va a obligar a abandonar nuestras actuales plazas en comisión de servicios y retornar a nuestras aplicaciones originales, muchas de ellas en otras islas, con el enorme coste emocional, personal, familiar, económico que ello implica. Y, en tercer lugar, jamás podremos acceder a estos puestos que ocupamos en comisión, a pesar de haber permanecido en algunos casos más de 20 años en ellos”.

Los representantes de la plataforma, además le han pedido a la Diputada del Común que traslade al Defensor del Pueblo la posible inconstitucionalidad del artículo 77.4 de la Ley 7/1985 de Ordinación Sanitaria de Canarias, al haberse modificado recientemente el mismo.