​La Consejería de Presidencia estima en 13 millones el coste de implantación de la Ley de eficiencia judicial

Foto: Reunión consejera con el sector judicial 

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto ha estimado en 13 millones de euros el coste de la implantación en Canarias de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, “aunque la cifra puede ser aún mayor”.

Nieves Lady Barreto reiteró hoy su queja por la falta de financiación por parte del Estado en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia: “Así se lo he traslado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya que supone un enorme esfuerzo presupuestario que tenemos que asumir en solitario las comunidades autónomas contando, además, con unos plazos inasumibles”.

Nieves Lady Barreto informó que su departamento ultima la puesta en marcha de la primera fase, el 1 de julio y que ya se está tramitando con la Consejería de Hacienda una modificación presupuestaria para los primeros seis millones de euros.

Con la Ley, 220 juzgados unipersonales existentes en Canarias se convertirán en 19 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial. Se contempla también la creación de Oficinas Judiciales y se transforman 69 juzgados de paz en Oficinas de Justicia Municipal.

La consejera explicó que la aplicación de la Ley supone la negociación y aprobación de nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT), además de creación de jefaturas de servicios que no existían hasta ahora y que también tienen coste económico, a lo que se suma la dotación de medios informáticos y la financiación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

En este sentido, Barreto señaló que el Gobierno ha apostado por incentivar al máximo la política de acuerdos para reducir los litigios.  “La Ley establece este requisito previo para la jurisdicción civil y mercantil, y en las Islas se estimularán los resultados aplicando el baremo con el mayor incentivo económico a los profesionales de la abogacía de justicia gratuita que finalizan la negociación con acuerdo”.