​El Gobierno culmina las transferencias a cabildos y ayuntamientos para financiar el transporte público regular de viajeros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha transferido la subvención completa para el transporte público de las Islas, marcando un hito significativo en la implementación de esta medida de ahorro para todos los canarios y canarias. Tras la reciente aprobación del último 20% restante, se materializa finalmente la remisión de esta partida a las administraciones insulares y municipales.

La cantidad total asignada ha sido transferida a los cabildos insulares y a los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, responsables directos de la programación, planificación y coordinación del transporte por carretera en sus respectivas zonas.

La financiación de esta iniciativa proviene de subvenciones otorgadas tanto por la Administración General del Estado como por la Comunidad Autónoma de Canarias. Esta estrategia ha transformado radicalmente el panorama del transporte colectivo terrestre al garantizar su gratuidad, promoviendo un enfoque de movilidad más sostenible y accesible para los ciudadanos.

Prórroga gratuidad del transporte

Recientemente, la directora general de Transportes, María Fernández, ha solicitado por carta al Estado a que proceda, cuanto antes, a tramitar la prórroga del decreto que regula el mecanismo de la gratuidad del transporte en las Islas, que vence el próximo 31 de diciembre.

A escasas dos semanas de que se finalice este 2023, la Consejería no ha recibido notificación alguna del estado de tramitación del decreto, que debería aprobarse ya en el Consejo de Ministros para asegurar esta prestación.

Esta medida, que está incluida en el acuerdo de investidura del actual presidente del Ejecutivo, cuenta con partida presupuestaria, ya que que los cabildos insulares necesitan esta financiación sin la que no sería posible sostener la gratuidad generando con ello un problema que afectará de manera grave incluso a la prestación del propio servicio.