​Yanes: “El teletrabajo no puede convertirse en un derecho laboral si perjudica a los servicios públicos”

El Diputado del Común, Rafael Yanes, intervino en la Comisión Parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad el Informe Anual de 2022 de la Diputación del Común. Al acto también asistieron, el adjunto primero, Felipe Afonso, la adjunta segunda, Milagros Fuentes, la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, el secretario general, Lázaro Brito, y el coordinador de asesores, Óliver Fariña.

Durante el debate, Yanes hizo algunas reflexiones sobre los asuntos más destacables del ejercicio 2022. Desde el organismo “hemos logrado un 66,7% de resultado favorable a la ciudadanía”. Además, según recoge el Informe, un total de 99.848,16 euros a favor de los ciudadanos de cobros indebidos de las administraciones por diferentes conceptos o beneficios económicos.

El Informe revela informaciones relevantes en relación a las 28 áreas de gestión tras superar la crisis provocada por la pandemia. Según Yanes, a rasgos generales, dejó dos secuelas en la Administración Pública: la cita previa y el teletrabajo.

En relación a la cita previa reiteró su convencimiento de que “no puede ser obligatoria porque no están garantizados para la población los dos canales para pedirla: el telefónico y el telemático”. Y añadió que “es aconsejable, pero no puede ser obligatoria porque margina a la parte más débil de la sociedad”.

En referencia al teletrabajo, Yanes llamó a la reflexión y pidió abrir el debate a la sociedad, dado que según expuso, “el teletrabajo no puede convertirse en un derecho laboral si perjudica la prestación de los servicios públicos”.

Por último, el Diputado del Común quiso destacar como dato negativo la respuesta de la Administración Pública a las peticiones de información por el incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley del Diputado del Común.

Señaló, en esta misma línea, que “dada la gravísima situación que sufren las corporaciones locales en Canarias por no tener suficientes habilitados nacionales, lo adecuado es una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local donde sea la Comunidad Autónoma la que realice la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes en su ámbito territorial, tal y como ya lo tiene el País Vasco. Desde luego, Canarias, por su lejanía, y los datos así lo confirman, tiene razones mucho más consistentes para tenerlo”.