​Sí Podemos Canarias impulsa “garantizar el derecho a la vivienda” y que las Islas “pongan limitaciones a los desmanes de la selva inmobiliaria”

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias considera indispensable que, además de las políticas estatales referidas a la vivienda, en Canarias se pongan en marcha medidas concretas para “garantizar el derecho a la vivienda por parte de la población canaria” y de que “haya suficiente vivienda pública, para que ni se encarezca ni haya procesos de gentrificación”.

Así lo han afirmado el portavoz parlamentario, Manuel Marrero, y el diputado regional Francisco Déniz, para quienes “vivimos en una burbuja de los alquileres que hace inasumible acceder a la vivienda y seguimos asistiendo a imágenes de desahucios, que representan una vulneración de Derechos Humanos básicos”.

Por ello, el Grupo Parlamentario impulsará el debate sobre el problema de la vivienda como uno de los ejes de la recta final de la Legislatura, presentando varias iniciativas para “garantizar un derecho real de la ciudadanía canaria que figura en la Constitución y que es una demanda histórica de los movimientos sociales”.Una legislación a la que Canarias “debería añadir, en tanto en cuanto su condición de Región Ultraperiférica (RUP), limitaciones que impidan estos desmanes de selva inmobiliaria que se vienen produciendo”.

En este sentido, Marrero y Déniz han valorado que en Canarias se haya aprobado y se esté ejecutando un Plan de Viviendas que “aunque es positivo, es insuficiente y, sobre todo, lento a la hora de cubrir las necesidades de la ciudadanía”.“Somos conscientes de que urge solucionar el problema del acceso a la vivienda tanto de las personas más vulnerables como de la población joven que no puede emanciparse, ya que el 82 por ciento de su salario puede irse al alquiler, lo que es inconcebible”, aseguró Marrero.

Para Sí Podemos Canarias, “se ha perdido una oportunidad esta legislatura en conseguir que la Sareb se transforme en un parque de vivienda pública”, motivo por el que “urge que la Ley estatal de Vivienda avance y se apruebe para que la propia legislación canaria, que es de 2003 y con algunas modificaciones en 2018, se adapte a los avances que se ratifiquen en el Congreso de los Diputados”.

Por su parte, Déniz insistió en la idea, expresada en varias sesiones plenarias, de que “el mercado no se regula solo”, por lo que “hay que intervenir en el mismo poniendo topes al precio de los alquileres en zonas tensionadas y adoptando medidas que limiten la compra de viviendas por parte de extranjeros”.

Los dos diputados de Sí Podemos Canarias insistieron en la necesidad de limitar las plazas de alojamiento turístico por distrito o barrio, de modo que no puedan suponer más del 2% del número de habitantes en el entorno urbano y que se considere zona tensionada aquella donde el precio de la vivienda (compra o alquiler) acumule en cinco años un crecimiento al menos dos puntos superior al IPC acumulado en la Comunidad Autónoma.

Tanto Marrero como Déniz incidieron en que los desahucios sin alternativa habitacional son una vulneración de los Derechos Humanos y las administraciones tienen la obligación de “proporcionar una alternativa habitacional digna para las familias vulnerables”.

Asimismo, han recordado que en Canarias existen, según datos de la Agencia Tributaria, cerca de 150.000 viviendas que se encuentran desocupadas, por lo que han defendido que se imponga un gravamen para evitar que grandes propietarios, bancos y fondos buitre “tengan casas ‘en barbecho’ mientras hay familias que no pueden acceder a una”.“No puede haber tantas casas sin gente mientras haya tanta gente sin casa”, concluyó Marrero.