​El TSJC da la razón a los afectados por Costas en Fuencaliente (La Palma) y admite los recursos contra los desalojos

El presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, asegura que “esta es una noticia alentadora porque abre camino a que se valore la prescripción que pueda haber en situaciones similares”
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COSTAS 21 JUNIO


El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado la razón al letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (Pcalc), José Luis Langa González, al desestimar la alegación que había presentado el Abogado del Estado para que se inadmitiesen los recursos presentados por los afectados de Puntalarga y El Faro, en Fuencaliente (La Palma).


El letrado explica que las órdenes de demolición que pesan sobre las más de cincuenta familias de estos dos núcleos poblacionales es de 2005, ante “lo que nosotros recurrimos pues, 15 años más tarde de esa orden demolición que no se llevó a cabo, dicha orden ha prescrito”.


En este sentido, el Abogado del Estado presentó alegaciones pidiendo que se inadmitiesen dichos recursos, y que la orden de demolición del Servicio Provincial de Costas de Tenerife siguiera su curso. Sin embargo, “lo que ahora ha ocurrido es que el TSJC dice que no está de acuerdo con esa petición de inadmisión, lo que nos permite continuar con las demandas hasta que se dicte sentencia, que esperamos que sea a favor de los afectados”, añade Langa González.Una vez más, lo que la Pcalc pretenden es demostrar que Puntalarga y El Faro son dos núcleos urbanos consolidados previos a la Ley de Costas de 1988, y parar las órdenes de desalojo y demolición.


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Para el letrado, esta primera resolución del TSJC es “una noticia alentadora porque abre el camino a que se valore la prescripción que pueda haber en situaciones similares”. Y recuerda que en Canarias son muchos los núcleos costeros “amenazados” con desalojo y derribo, núcleos poblacionales “que son parte de nuestra historia, y las personas afectadas podrían perderlo todo si no intervenimos”.


Langa González asegura que “una vez más, las Administraciones -Gobierno, cabildos y ayuntamientos- junto con la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas deben unir fuerzas y evitar que desaparezcan las raíces y la historia de nuestro pueblo por órdenes que se toman desde un despacho de Madrid”.


Para ello, se creó en 2016 una Comisión Mixta que “de momento está inoperativa, lo que da carta blanca a esta incertidumbre que viven los ciudadanos, y que, desde la Plataforma, nos obliga a tener que judicializar una situación que debería resolverse desde las Administraciones”, asegura Langa González.“Esto es una carrera de obstáculos y, de momento, hemos salvado uno de los obstáculos que nos pone Costas para lograr que se considere a Puntalarga y a El Faro núcleos urbanos consolidados”, agrega el presidente de la Pcalc. 


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