Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos.

La viceconsejera de Justicia del gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha explicado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está absolutamente comprometida con dar una respuesta definitiva para dimensionar la plantilla de los institutos de medicina legal a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad y la Administración de Justicia. Para ello, ha apuntado, su departamento propondrá una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), una vez resueltos otros compromisos como el concurso de méritos o la estabilización y consolidación de personal público.

Carla Vallejo ha expuesto en el Parlamento de Canarias las acciones que se están desarrollando con relación a la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que consta de 26 profesionales de Medicina Forense, 11 de Psicología y 6 de Trabajo Social, el mismo número de personas desde hace más de 15 años. Una plantilla que, para la viceconsejera, no está adaptada a la práctica forense actual y cuyo trabajo se ha visto afectado por situaciones de incapacidad temporal de algunos profesionales de Psicología.

Ha detallado las acciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está desarrollando, tanto de forma inmediata como a medio plazo, para revertir esta situación. Así, y con carácter inmediato, según ha relatado, se ha reforzado la cooperación externa que se realiza a través de empresas especializadas, a las que se ha encomendado la realización de pruebas periciales de carácter urgente.

Del mismo modo, ha indicado, se ha llevado a cabo un proceso de licitación extraordinaria, para reforzar dicha colaboración externa con un programa de nombramiento de profesionales de Psicología con especialización en la atención de víctimas de violencia de género y atención de la infancia víctima de violencia, con cargo a los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La viceconsejera ha señalado que otra de las actuaciones es la solicitud y obtención de financiación suficiente para contar con personal interino de refuerzo para cubrir la situación de incapacidad temporal de profesionales y la acumulación de carga de trabajo.“Si bien la justicia de hace unos años, en lo que tiene que ver con la práctica forense, se centraba mucho en la actuación del personal médico forense, la sociedad y los delitos han cambiado mucho y también las necesidades de la Administración de Justicia”, ha remarcado Vallejo, para quien es fundamental la incorporación de profesionales de Psicología y Trabajo Social, así como de personal de laboratorio en los institutos de medicina legal.