​Canarias, un tapón para la inmigración africana.

Los datos del INE demuestran que solo el 4% de la inmigración que llega al Estado español es irregular. Fue uno de los argumentos usados por la abogada especializada en extranjería, Loueila Mint, en la segunda entrega de Archipiélago 8 TV. La otra analista, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, Laura Monroy, sospecha de los campamentos para inmigrantes que se están instalando en Canarias y que no son visitables por la prensa. “Incluso en las prisiones pueden entrar”, apostilló. 

En la emisión hubo un acercamiento al pulso social del asunto, de la mano del Doctorando en Ciencias Políticas, Ayoze Corujo, a la emigración canaria, a cargo de José Gilberto Moreno, director de la Asociación Cultural Salsipuedes, al empresariado, en cuyo nombre habló José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas, y la sociedad civil organizada, en la figura de Jaime Baleyron, portavoz de Somos Red, organización conformada por más de 200 personas, que está ayudando con alimentos a los migrantes en situación de calle. El programa se completó con secciones dedicada a la cobertura en medios de comunicación, al tratamiento en redes sociales y a la opinión de la calle.

A pesar de la diversidad de perfiles, todas las personas invitadas convergieron en señalar dos conclusiones comunes: la conversión de Canarias en tapón para llegar al continente europeo y proseguir los proyectos personales de las personas llegadas de África, y la nefasta gestión de las instituciones en Canarias, sobre todo España y Europa, con relación a la mal llamada crisis migratoria. Monroy señaló que “las administraciones no han estado a la altura. La situación requiere propuestas nuevas, no perpetuar las políticas anteriores”. “Si invirtiéramos el dinero que nos gastamos en que estas personas no vengan en que vinieran de manera legal, no viviríamos esta realidad y ellos no gastarían su dinero en una mafia”, subrayó Mint.

Lauro Monroy alabó el papel de buena parte del periodismo que está defendiendo los Derechos Humanos en el conflicto migratorio. Otro, en cambio, está usando la situación, a juicio de las analistas, para generar un presunto caos que no existe. También las redes sociales y la mensajería instantánea, por cierto. La abogada saharaui afincada en Canarias, Loueila Mint, aportó datos sobre la cuestión. En relación con la percepción de inseguridad ciudadana, han habido solo 122 infracciones penales de unas 23.000 personas que han llegado. Pese a estas alarmas provocadas, Mint sostuvo que la xenofobia es minoritaria en Canarias y que prevalece la solidaridad.

En medio de todo, un drama humanitario; 1.751 personas fallecieron en 2020 en el trayecto a Canarias, trajo a colación Loueilla Mint. Las que llegan son trasladadas a campamentos con frío y condiciones infrahumanas. Se les sirve una comida que “no comería ni un perro”, en palabras de la abogada. “Es increíble que no tengamos un protocolo de acogida en Canarias. Todo es una improvisación”, incidió la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas.

Un problema de difícil solución sobre el que nuestras invitadas se atrevieron a proponer medidas de mejora. “Hay que fomentar políticas migratorias que promuevan el desarrollo multicultural que es el que sabemos que es real y rico”, opina Laura Monroy. Citó el ejemplo de Canadá como lugar donde se lleva a cabo una política migratoria más justa que en la Unión Europea. Loueila Mint cree que el primer paso es garantizar los derechos de estas personas, para lo cual, sostiene, Europa no tiene plan actualmente. Ambas coincidieron en señalar que el gasto se debe orientar a que estas personas lleguen en condiciones seguras y no en que no lleguen.