Sus integrantes están investigados por la comisión de delitos contra las personas y el patrimonio en sus formas más graves, como homicidio en grado de tentativa, secuestro, tortura, lesiones graves, robos con violencia y amenazas, agravado por el uso de armas y actuar en casa habitada
La organización desmantelada estaba compuesta por un grupo de empresas que, coordinadas por un bufete de abogados, recibía una contraprestación económica -de entre 6.000 y 25.000 euros- por la gestión de trámites documentales para regularizar de forma ilegal la situación de inmigrantes