El 16 de junio de 1978, la Guardia Civil instó al Ministerio del Interior la creación de unidades de Policía Judicial especializadas. Inicialmente fueron 118 equipos distribuidos por toda España, compuestos por un jefe de equipo y 3 guardias civiles especialistas: uno en atestados e interrogatorios, otro en técnica policial y dactiloscopia y un tercero en fotografía y delineación.
Estos equipos intervenían cuando eran requeridos ante la comisión de un delito de importancia, generalmente hechos graves contra las personas y el patrimonio, y actuaban bajo la dependencia funcional del jefe de la unidad que instruía las diligencias.
La mayor parte de sus cometidos eran los relativos a la investigación técnica, es decir, las inspecciones oculares (recogida de indicios, fotografía, acta, etc.), y la emisión de informes (en especial de huellas), constituyendo, de facto, los primeros laboratorios móviles de criminalística en este ámbito. En la formación de los especialistas colaboraba el Laboratorio de Criminalística de la Academia Especial del Cuerpo, que actuaba como laboratorio central.
Las unidades orgánicas de Policía Judicial de comandancia son elementos clave en el despliegue territorial de la especialidad. Estas unidades dependen técnicamente de la Jefatura de Policía Judicial y funcionalmente de los Jueces y Tribunales, o del Ministerio Fiscal, en la ejecución de sus cometidos referentes a la averiguación del delito y aseguramiento del delincuente.
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