UGT denuncia al Gobierno de Canarias ante la Fiscalía Anticorrupción por el concurso de Ambulancias.

La Federación de Empleadas y Empleados Públicos de UGT Canarias, (FESP-UGT) ha presentado ante la Fiscalía una denuncia, con el fin de que esta Institución indague sobre una posible trama que afecta a la licitación del Servicio del Transporte Sanitario Terrestre.
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El responsable del sector de Transporte Sanitario Terrestre de UGT Canarias, Iván Amador, indica que desde el Gobierno se ha actuado con negligencia respecto a este tema y no han sabido recoger las advertencias lanzadas desde el sindicato. Para UGT, “el Gobierno canario sabía que actuaba contra la ley y aun así prefirió seguir con la tramitación del concurso de Ambulancias, cayendo en un claro caso de prevaricación”, alega Amador. 



Desde el principio han viciado de nulidad este procedimiento con una serie de negligencias que ha puesto en evidencia la falta de transparencia del proceso. En la anterior licitación pasó exactamente igual y ha durado 10 años, momento en el que se dio nulidad con adjudicaciones a dedo, empresas sin aval y con los escándalos de los falsos autónomos. Desde el 2011 y 2012 se realizaron una serie de recortes de unidades y dotaciones que han traído como consecuencia un aumento de las listas de espera, un incremento de los criterios para poder tener acceso a una ambulancia, la denegación del servicio, demoras en los tiempos de espera que se agravan en zonas rurales. Además, existe una saturación de pasillos y plantas en los hospitales, cuando los pacientes esperan por ser trasladados. 


Desde el punto de vista sindical, está situación ha traído precariedad laboral, donde la falta de estabilidad con contratos parciales y en prácticas o empleados de empresas de trabajo temporal ha agravado la situación. A todo esto hay que unir una congelación de presupuestos desde el 2013 en el sector, que ha repercutido ya no solo en la calidad asistencial sino directamente en el salario de los trabajadores. Todo ello sumado a un conflicto en el sector donde los trabajadores no han vistos satisfechas sus necesidades y reivindicaciones, donde el Gobierno pese a la insuficiencia del acuerdo aplaudió a fin de sofocar la iniciativa parlamentaria iniciada por UGT y respaldada por los grupos parlamentarios PSOE y PODEMOS. 


El Gobierno canario, por su parte, ha venido retrasando la licitación hasta 4 años después de haber vencido las dos prórrogas donde, con órdenes de modificación, han ampliado la tarjeta sanitaria primero de 8 a 10 años y está última a 12. Una vez sacada la licitación pese los errores y a los recursos presentados y que no han sido contestado en tiempo, vulnerando medidas cautelares y la ley de contratos del sector público que lo regula, con la única intención de seguir alargando plazos. La falta de presupuestos es el reclamo de una de las empresas, centrándose en el beneficio industrial. Desde el sindicato denuncian la inexistencia de una memoria económica donde hayan podido reflejar el precio de licitación acorde a la realidad actual. Amador explica que desde septiembre este gobierno actúa a golpe de registro, preocupado más en salvar los muebles, que en solucionar un problema histórico ya sentenciado por el TSJC y anulado por el mismo. 



Y que este gobierno en funciones sigue queriendolo alargar en el tiempo. Esto se trata de un procedimiento viciado de nulidad desde el principio, ya que no se ha cumplido la Ley de Contratos del Sector Público, vulnerando derechos de contratación, revelación de secretos y falta de garantías del servicio por la falta de presupuestos. En este punto UGT recurre porque se le exige una formación regulada en el RD 1397/2007 del 29 de octubre, por el que se establece el Título de Emergencias Sanitarias, exigiendo al personal que presta el servicio dicha formación, ya que según el RD 836/2012 de 25 de mayo de ordenamiento de transporte sanitario por carretera, el personal debe estar titulado con la formación indicada. 


Por consiguiente, se les exige a las empresas que acrediten la formación de ese personal. Pero no se les contratará como Técnicos en Emergencias Sanitarias, sino como conductores de furgonetas y mozos de almacén. Desde el sindicato también recuerda las sentencias de los falsos autónomos, que a día de hoy siguen prestando servicios en diversas unidades, pese a que ya se les ha reconocido el vínculo laboral con la empresa pública GSC. Es increíble que el Gobierno de Canarias quiera vender planes de formación en el empleo yluego no prediquen con el ejemplo contratando acorde a la formación apostilla Amador. 


Desde la FESP-UGT se ha visto que el Gobierno nunca ha sido capaz de crear un servicio público garantista ni en la prestación de servicio ni en las tramas acontecidas en dichos procesos. Por lo que UGT a modo de poder dar estabilidad a un sector público esencial ha venido realizando un trabajo con diferentes grupos parlamentarios en los que se han debatido dos proposiciones No de Ley para la internalización del servicio a manos de la empresa pública creada para tal fin y que opera desde hace 19 años, ya no solo gestionando las diferentes modalidades de transporte sanitario sino controlando dicha adjudicación. 


Y para la contratación acorde a la formación necesaria recogida en el RD 836/2012 de 25 de mayo. Por lo que tanto empresa publica, como Gobierno, hoy en funciones a su vez es perfecto conocedor de la situación de desamparo del servicio, empleados, condiciones asistenciales etc. Amador indica que el fundamentalismo político actual hace que no se apliquen principios de eficiencia y eficacia sino la ideología de partidos de izquierda o derechas dejando a un lado la responsabilidad de un servicio público, la calidad asistencial o simplemente el ahorro en la prestación del mismo. 


Es por ello que UGT denuncia ante la fiscalía y que sea el órgano del estado el que investigue esta situación de desamparo que perjudica a la ciudadanía enferma que precisa de dicho servicio y a los trabajadores que prestan sus SERVICIOS y solicite a los máximos dirigentes su responsabilidad indicando como ya lo hacen los mismos pliegos de licitación donde expone :



“ El Órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para luchar contra elfraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de tratos a todos los candidatos y licitadores”. 


Adjuntamos copia de la denuncia presentada.


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