El Gobierno de Canarias y el de España trabajarán en un convenio de cogestión para la atención sanitaria de migrantes.

El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España han celebrado una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana; el consejero de Sanidad, Blas Trujillo; y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. Por parte del Gobierno central han intervenido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha relatado, en una posterior rueda de prensa, los asuntos tratados en esta reunión. Entre ellos, ha compartido con el ministro de Inclusión los datos de los ERTE aplicados en Canarias, donde se acumula cerca el 11% de todos los ERTE del conjunto del país, “un porcentaje altísimo que evidencia la necesidad de que se prorroguen el tiempo que sea preciso”, apuntó el presidente. Otro de los puntos del orden del díafue el “buen desarrollo” del Ingreso Mínimo Vital en Canarias, con más de 3.200 hogares canarios que han recibido el primer pago, según los datos de la Consejería de Derechos Sociales.

Sobre el tercer punto, relacionado con la migración irregular, Canarias ha solicitado al Gobierno Central intensificar las medidas de vigilancia exterior “ante un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.” Ángel Víctor Torres destacó que la llegada de pateras se ha multiplicado por siete este año y reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”, apuntó. El presidente cifró en 27 las infraestructuras cedidas por Canarias, y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”.

El presidente anunció que el ministro, José Luis Escrivá, visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar la realidad habitacional que hay en el Archipiélago y para avanzar también en las negociaciones sobre los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.

Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19. Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.

El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho. Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.

Torres recordó que Canarias fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.