​Fabián Chinea presenta una iniciativa para que el Ministerio de Transporte active el triángulo marítimo de las islas verdes.

El senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea, ha registrado hoy, en la Cámara Alta, una moción en la que insta al nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a que inicie los trámites para el establecimiento de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta marítima que se prevé impulsar para enlazar las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, las tres menos pobladas de Canarias.

Chinea destaca que esta iniciativa es fundamental para “facilitar la movilidad de los residentes en las tres islas, incentivar su economía, impulsar el turismo y avanzar en el equilibrio y la cohesión territorial”.El Gobierno de Canarias, en colaboración con los Cabildos Insulares de La Gomera, La Palma y El Hierro, las denominadas “islas verdes”, está impulsando una propuesta para proponer un triángulo marítimo que enlace los tres territorios. Una propuesta que pretende realizarse bajo el paraguas de una OSP (Obligación de Servicio Público), con una compensación económica, debido a su carácter deficitario. De esta forma, se facilitaría la conexión directa de las mencionadas islas, que actualmente están atendidas de una manera deficiente a través de escalas intermedias en el puerto de Los Cristianos, en Tenerife.

Al ser muy difícil estimar la demanda potencial de la línea que, a la vista de los datos históricos disponibles, se antoja, en principio, limitada, el Gobierno de Canarias, en los documentos de trabajo que ha elaborado, considerada que la misma se podría prestar por un buque de reducidas dimensiones, adaptado a la tipología esperable de la demanda, que permita, en su caso, la rápida rentabilización de la línea, de consolidarse el mercado.Fabián Chinea apunta, a este respecto, que la “Canarias despoblada”, que se concentra en parte en estos tres territorios, “merece un tratamiento diferenciado con iniciativas como la movilidad y la conectividad como un revulsivo para recuperar la población perdida e incentivar sus respectivas economías”.

El senador gomero precisa que “existen OSP en otros archipiélagos europeos en rutas marítimas que enlazan islas con una población casi similar a las “islas verdes” de Canarias, como son los casos de Shetlands & Orkney y las Hébridas, en Escocia; o Azores, en Portugal.Chinea relata que “el vértice occidental del archipiélago canario presenta un cierto déficit de comunicaciones que le resta a sus habitantes opciones de movilidad, condicionando esto tanto su desarrollo económico como social. Es por ello, que compensar esta debilidad del sistema es necesario para conseguir un desarrollo armónico de toda la región”.

Las actuales condiciones de la islas afectadas hacen imposible la consolidación de la misma si no es bajo el amparo del sector público, mediante la declaración de la OSP para los servicios marítimos que se plantean, y aunque esto tiene un coste e implica el compromiso de cuantiosos recursos públicos, no es, por otro lado, nada extraordinario, atendiendo a lo que ocurre en otros ámbitos insulares de la UE, donde la Administración se ha involucrado entendiendo que es su obligación garantizar unos adecuados estándares de movilidad a los ciudadanos de zonas periféricas, que tiene derecho a alcanzar un desarrollo económico-social digno y equiparable al que disfrutan el resto de sus conciudadanos.

Normativa comunitaria y española

El Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992. (Art. 4) establece lo siguiente:

1. Los Estados miembros podrán celebrar contratos de servicio público o imponer obligaciones de servicio público, como condición para la prestación de servicios de cabotaje, a las compañías marítimas que efectúen servicios regulares con destino u origen en islas y entre islas. Cuando un Estado miembro celebre contratos de servicio público o imponga obligaciones de servicio público, lo hará de forma no discriminatoria respecto a cualquier armador comunitario.

2. Cuando impongan obligaciones de servicio público, los Estados miembros se limitarán a los requisitos relativos a los puertos a los que se debe prestar el servicio, a la regularidad, la continuidad, la frecuencia, la capacidad de prestación del servicio, las tarifas practicadas y a la tripulación del buque.Cuando sea de aplicación, cualquier compensación por obligaciones de servicio público será accesible a cualquier armador comunitario.

En este sentido, el Real Decreto 953/2018, de 27 de julio (BOE Nº183, de 30 de julio 2018) indica en su Artículo 7 g) que “la Dirección General de la Marina Mercante es el órgano competente de:

g) La ordenación del establecimiento y aplicación del régimen tarifario y de prestación de servicios marítimos y la propuesta de establecimiento de obligaciones de servicio público y contratos de servicio público.