Vía libre del Gobierno de España a la subvención de 8,5 millones de euros para la producción de agua desalada en Canarias.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado hoy, jueves siete de noviembre, que el Gobierno de España ha dado luz verde a la transferencia de 8,5 millones de euros para subvenciones a la desalación de agua para consumo doméstico en Canarias. Una “gran noticia” que según el presidente “se hará efectiva automáticamente con la transferencia de esos fondos” a Canarias.  

La resolución detalla que esas cantidades han sido traspasadas desde el Ministerio de Industria al de Transición Ecológica, como consecuencia de la reestructuración de Departamentos Ministeriales establecida en el Real Decreto 355 /2018, de 8 de junio y el Real Decreto 864/2018, de 13 de julio. Por tanto, es el Ministerio de Transición Ecológica el que transferirá en próximas fechas esos fondos al Ejecutivo canario. 

El objetivo de esta subvención es que el usuario final, el ciudadano, pague un precio “normal” por el agua que consume y cuya producción es más costosa porque hay que desalarla en plantas potabilizadoras. Las islas a las que irán destinadas las ayudas serán prioritariamente Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. Este anuncio lo realizó el presidente en su visita a La Graciosa y Lanzarote, isla esta última “donde precisamente se instaló la primera planta desaladora de Europa en el año 1964”, recordó Torres.

Con este anuncio el presidente de Canarias despeja la incertidumbre generada en operadores públicos y privados por la ausencia de convocatoria, teniendo en cuenta que el sector depende en gran medida de los ingresos procedentes de la subvención a las plantas potabilizadoras. Demorar más la ayuda, o la pérdida de la misma, supondría además que se vieran afectados sectores productivos como la industria y el turismo, que son muy sensibles a la variación de los costes del agua.  

Desde 1983 el Gobierno de España ha subvencionado la actividad de la desalación de agua de mar para consumo doméstico en las islas con el fin de abaratar el precio final y aproximarlo al precio medio que se paga por el agua en la península.