Carlos Enrique González Pérez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy miércoles, 23 de octubre, la Orden por la que designa a Carlos Enrique González Pérez como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, nombramiento que entrará en vigor mañana jueves, 24 de octubre.

Previamente, tal y como se recoge en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, la propuesta fue elevada, en este caso de la mano de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para su deliberación por parte del Gobierno de Canarias que, el 26 de septiembre de 2019 acuerda su designación, publicada en el Boletín Oficial de Canarias del lunes, 14 de octubre.

Además del nombramiento de Carlos Enrique González Pérez como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el BOE de hoy miércoles también publica la Orden correspondiente al cese de Pedro Suárez López de Vergara como titular del citado organismo portuario. Pedro Suárez ha venido desempeñando dichas funciones desde el 12 de septiembre de 2018.

Carlos E. González es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y Experto Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras por la Universidad de Cantabria. Tras su ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, obtiene su primer destino como Jefe de Operaciones del Puerto de la Luz, de donde pasó al Servicio Provincial de Costas de Tenerife como Jefe de Servicio de Proyectos y Obras y Señalización Marítimas, puesto en el que se hizo cargo de proyectos y dirección de obras de actuaciones de defensa marítima como diques, espigones, paseos marítimos y regeneración de playas.

En el periodo 2005-2012 ocupó la Jefatura de del Servicio Provincial de Costas de la provincia de S/C de Tenerife, ocupándose de la gestión integral de la costa en lo que afecta al dominio público marítimo-terrestre y la definición del dominio público portuario.