UGT insta a los partidos políticos a pronunciarse respecto al descontrol de la licitación del Transporte Sanitario.

​El Gobierno de Coalición Canaria (CC) ha convertido nuestra Comunidad Autónoma en un cementerio para vehículos que ya no están en condiciones, tratando a los ciudadanos como pacientes de segunda
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La FeSP UGT Canarias lamenta que, tras años de abandono del Gobierno de Canarias, el Servicio de Transporte Sanitario esté sumido en el caos. El concurso quedó anulado en 2011 y 2012, tanto por adjudicaciones a dedo como por dar un lote a una empresa sin aval. Posteriormente, tras vencerse el concurso en 2013, se prorrogó hasta 2015 y se mantiene en precario hasta la actualidad. 


Esta es la muestra clara de que el Gobierno no ha sabido buscar una solución transparente al Transporte Sanitario, siendo su última medida de emergencia la ampliación de la vida útil de las ambulancias, establecida a nivel nacional en 8 años, siendo la primera prórroga a 10 y la última a 12. Esto ha supuesto que empresas que operan a nivel nacional traigan aquí las ambulancias que ya no cumplen con los requisitos para seguir circulando en otros territorios. UGT alerta de que Canarias se está convirtiendo en un cementerio de los diferentes parques móviles. El Ejecutivo Regional, formado por Coalición Canaria, trata a los ciudadanos de las Islas como enfermos de segunda.


El 28 de enero se hacía pública la licitación por parte de la empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) y a partir de ahí, debido a la falta de proyecto y a un modelo de gestión fallida por parte del Gobierno, ha traído consigo una serie de contratiempos. Se han aplazado fechas en varias ocasiones y anulado hasta en dos veces el procedimiento y ahora por último se aplaza la fecha de apertura de sobres para conocer las diferentes ofertas económicas.


Procedimiento viciado


Desde la FESP-UGT se considera que este procedimiento ha sido viciado de nulidad, ya que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, hizo público los datos de la empresa Aeromédica Canaria y además, un sobre del concurso, el de la oferta económica, fue encontrado abierto, lo que deja bajo sospecha la licitación.


El responsable del sector del Transporte Sanitario de UGT Canarias, Iván Amador, entiende que un sector donde ya sobrevuela la sospecha histórica de ser adjudicado a dedo y donde se intuye que se está prevaricado, no puede seguir adelante.


Es por ello que la FESP-UGT insta a los partidos políticos a pronunciarse al respecto y que a su vez soliciten al Gobierno de Canarias la paralización de TODOS los procedimientos y recabar los datos aprobados el 21 de marzo en la última Comisión de Sanidad, donde de forma unánime se aprobó una enmienda a la Proposición No de Ley para evaluar los informes económicos y jurídicos para cambiar el modelo de gestión e internalizar el servicio de transporte sanitario. Y que este proceso sea llevado a cabo por la empresa pública GSC, que fue creada para tal fin.“Estamos ante una subasta de un servicio sanitario”


Iván Amador expone que “no puede utilizarse la Sanidad como herramienta electoral por parte de partidos que aspiran a gobernar Canarias y no tomar parte en esta situación de desamparo. No podemos seguir siendo testigos como la Sanidad es usada como “arma arrojadiza o como disculpa”. No es necesario gobernar para tener una posición a un problema que atañe a los enfermos de Canarias y a los empleados que desempeñan su función en este sector. Con el concurso de ambulancias, “estamos ante una subasta de un servicio sanitario de primer orden”.


Iván Amador insiste en que “no posicionarse es ser cómplice de lo que aquí sucede. Y los canarios tenemos derecho a conocer quién va a solucionar este problema, que repercute en las listas de espera y en generar que los pasillos de centros sanitarios deban ser improvisadas habitaciones de hospital. Aún nadie se ha pronunciado de forma contundente.


La UGT recurrió el concurso del Servicio de Ambulancias en febrero, al igual que lo hizo la empresa Aeromédica. Sin embargo, y en contra de lo que establece el artículo 49.2 de la Ley de Contratos de Servicios Públicos, que establece que la Administración debe contestar en 5 días hábiles ante la solicitud de medidas cautelares, aún no se ha obtenido respuesta.


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